Reunión del Presidente del Congreso de la República con dirigentes de la Cumbre AmazónicaCon la invasión europea y los violentos procesos de expansión colonial que se iniciaron en el Siglo XVI, comenzó un proceso de formación de fronteras traducida en las disputas por la posesión de territorios amazónicos y de los pueblos que en ellos habitaban, entre las coronas de España y Portugal. Las disputas territoriales entre las dos coronas condujeron a la formación de la frontera hispano-lusitana, que impactó a los pueblos indígenas tanto a nivel físico, debido a los procesos de dominación política e imposición de elementos socioculturales de origen europeo, tales como una nueva religión, idiomas y valores, que más tarde llegarían a ser incorporados dentro de los nuevos sentidos identitarios que a partir de estos procesos se empezarían a generar.
Las grandes potencias coloniales se reparten la Amazonía
Con el tratado de Tordesillas firmado en 1494 España y Portugal llegan a un arreglo dejando a Portugal el extremo oriental, que abarcaría alrededor de la mitad del actual territorio del Brasil. Se inició el proceso de colonización del litoral brasilero y casi un siglo después, con la fundación de Belém de Pará en 1616, se dieron pasos decisivos para la colonización de la Amazonía por los portugueses, proceso que fue condicionado, entre otros aspectos, por la facilidad de penetración fluvial.
Los españoles recién a mediados del siglo XVI accedieron a la región amazónica. Las luchas internas entre los primeros colonizadores por la repartición de los territorios de conquista los colocaron en conflicto con los representantes de la corona española y en 1557, cuando Felipe II asume el poder, se reserva el derecho de otorgar licencias para realizar incursiones.
El papel de los jesuitas
Con la llegada de los Jesuitas a la provincia de Maynas en 1636, se inicia un proceso de expansión colonial de la Corona española. La dominación por medio de las misiones se presentó como una nueva alternativa frente a las pocas efectivas incursiones militares que precedieron, sentando presencia permanente en la región y evitando las avanzadas portuguesas. Así, el territorio cedido a los Jesuitas se extendía desde el Pongo de Manseriche hasta la zona de los Ticuna, el límite norte era río Andoas y el sur río Huallaga.
En 1637, es creado el Estados Misionero de Maynas, a solicitud de las coronas española y portuguesa.
Estos estados perduraron hasta 1767, cuando las coronas decidieron que la iglesia debería únicamente abocarse a los «asuntos espirituales», produciéndose la expulsión de los jesuitas de estos territorios y de América Latina. En muchos casos, se produjo una resistencia cruenta como
en el caso del Paraguay.
en el caso del Paraguay.
Los tratados posteriores a Tordesillas y la configuración de la Gobernación de Maynas.
El tratado de Madrid de 1750 implicó una corrección al tratado de Tordesillas y fue un duro golpe para los intereses coloniales españoles. Se aplicó el principio del derecho civil romano, el Uti possidetis juris (posesión de derecho), el tratado de Madrid reglamentó el Uti possidetis facti (posesión de hecho), que significó el reconocimiento de las posesiones portuguesas. El tratado de Madrid estipulaba la realización de expediciones con el fin de determinar y efectuar el amojonamiento físico de las posesiones respectivas de España y Portugal, lo que en realidad nunca se llevó a cabo. En 1760, cuando Carlos III asume el trono de España, se anula el tratado de Madrid y se firma el tratado de El Pardo en 1761, según el cual la frontera hispanolusitana volvería a definirse según los términos de la situación anterior a 1750. Sin embargo, la situación en la frontera ya había sufrido modificaciones a nivel administrativo y en el desarrollo regional, colocando a los portugueses en fuerte ventaja frente a las abandonadas posesiones españolas. El tratado de San Idelfonso, firmado en 1777, tampoco significó una solución a los problemas fronterizos hispano-lusitanos, pero sirvió para establecer un cese de hostilidades y dar comienzo a una negociación entre las dos Coronas.
Es así que, estas tareas de definición de la línea divisoria fueron delegadas a la llamada «Comisión del Marañón», al mando de Francisco de Requena, quien se ocupó de la dirección política y científica de la expedición, además de ser nombrado Gobernador de Maynas en 1778.
Después de la expulsión de los Jesuítas, Francisco de Requena, como Gobernador de Maynas, propone a la Corte de Madrid que la Comandancia General de Maynas sea segregada del Virreinato de Santa Fé y Provincia de Quito, pasando a depender del Virreinato del Perú, desde donde se facilitaría el atendimiento a esta región. En 1802 el Rey acata las recomendaciones de Requena, creando las condiciones para la creación de la Capitanía General de Maynas de 1802, que comprendían las actuales regiones de Cajamarca, Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios.
La Amazonía en la República
A mediados del siglo XIX, la región amazónica se constituye en un escenario económico privilegiado debido al auge de la extracción de productos naturales de la selva, los cuales alcanzaron altos precios en los mercados internacionales, específicamente el caucho o «borracha» que se convirtió en un producto para el desarrollo industrial de las metrópolis europeas.
En 1885, empieza la época del auge del caucho producto cuya exportación aumentó hasta 1907, en que se registraron 3029 toneladas métricas. Esta bonanza no volvería a repetirse. Iquitos experimentó durante aquellos años un auge y una prosperidad que no había tenido nunca, bonanza que también alcanzó a otras ciudades como Tarapoto, Moyobamba y Lamas. Los patrones derrochaban el dinero que habían ganado y construían lujosas viviendas para las que importaban materiales desde Europa. Se impuso la moda europea y los caucheros vestían con las mejores telas y bebían los más finos licores. Muchas de las construcciones que aún se conservan en Iquitos dan testimonio del efímero período de abundancia y de improvisadas fortunas que al final de cuentas se esfumaron con la misma facilidad con que se habían formado a costa de tantas vidas, abusos y sacrificios.
La fiebre del caucho en el Perú, está teñida de sangre y pólvora, de gloria y abusos, la historia del caucho configuró el territorio actual y abrió los ojos a la administración de los gobiernos de turno, que nada daba por esas extensas regiones verdes. Aquella época es posterior a las expediciones que llevaron a los conquistadores a ubicar el mítico El Dorado o un Paititi que encerraban incalculables tesoros; es también posterior al afán evangelizador de los misioneros que se internaron en la Amazonía para fundar centros poblados y «civilizar» a los «salvajes». El explorador que entró a la selva para extraer el caucho a fines del siglo XIX lo hizo con una imaginación libre de utópicas ciudades cubiertas de oro y sin una Biblia que justificara sus empresas.
Los caucheros
Iquitos, fundada en 1757, por los jesuítas y convertida en capital del departamento de Loreto por el Mariscal Ramón Castilla en 1864, fue el centro cauchero de la selva peruana y el primer puerto fluvial sobre el río Amazonas peruano. Desde allí se comercializaba con Manaos, en Brasil. Desde 1880, con el auge del caucho, la ciudad inició su expansión. Llegó a contar con colonias de portugueses, españoles, judíos y chinos y hasta nueve consulados en aquella época. Iquitos gozó de años dorados en los que la riqueza que trajo el oro blanco dejó muestras del esplendor en mansiones y en edificios de estilo morisco, como la Casa de Fierro, diseñada por el ingeniero Gustav Eiffel.
La demanda del caucho a finales del siglo XIX, hizo que se iniciara una suerte de «fiebre del caucho», similar a la del oro de unas décadas antes en Estados Unidos de América, y Canadá. Colombianos, ecuatorianos y, brasileros se establecieron en la desconocida frontera amazónica y compartieron un territorio sin presencia estatal.
Fuerza laboral
Los indígenas de la Amazonía estaban divididos -según el etnocentrismo del colono- en dos grupos: «civilizados» y los «salvajes». Eran reclutados a la fuerza y obligados a entregar cierto número de arrobas de goma al mes con la amenaza añadida de torturas, mutilaciones y demás vejaciones. En virtud de tales consideraciones, algunas veces los caucheros extrajeron de sus tierras a nativos más sumisos y los trasladaron hasta sus colonias de producción.
Otro aspecto de la era del caucho lo constituyó el desplazamiento de los nativos, sacados de sus tierras y llevados a convivir con otras etnias, a veces rivales entre si. Sólo en la cuenca del Putumayo, durante la primera década del siglo XX, murieron 40000 indios de los 50000 que antes vivieron allí.
Valerosos pobladores de Puerto Prado, capital del distrito Río Tambo
Migración interna y colonización
La explotación del caucho trajo otra consecuencia insospechada hasta entonces: la migración interna y la colonización de distintas zonas de montaña donde pocos se habían aventurado antes. Arrojados por la pobreza de la sierra, los nuevos colonizadores verían en la selva un lugar donde establecerse con facilidad y en pocos años labrar riqueza desarrollando cultivos para la demanda externa: café y cacao, frutas y más tarde arroz, agregándose, la coca, asociada a la producción y comercialización de cocaína. La apertura de caminos vecinales por los grandes y medianos extractores de madera facilitaría notablemente el asentamiento de estos colonizadores agrícolas.
La traición de Leguía
Junto con esta política de promoción de la migración interna existe también una negra historia de traiciones de los gobiernos republicanos en el Perú. Es así, que Augusto B. Leguía otorgo en propiedad 5 millones de hectáreas al conocido cauchero y genocida de los pueblos indígenas, Julio Cesar Arana.
Los acontecimientos que sobrevinieron luego de este infame pacto son infaustos para la amazonia peruana. El cauchero Arana perpetró en la Amazonía atrocidades sin nombre contra los indígenas (más de 20000 indígenas muertos) que los gobiernos de la época consintieron.
En este territorio cedido por Leguía, se hicieron negocios caucheros con agentes del gobierno colombiano, entre otros con el propio presidente de Colombia, General Reyes. Esta triangulación de oscuros intereses explica que Leguía cediera en 1925 a Colombia el trapecio Amazónico, incluyendo el importante puerto de Leticia y se les da así acceso directo al Amazonas y el derecho de libre navegación. Este hecho se consolido años después con el tratado Peruano Colombiano firmado por el General Oscar R. Benavides.
Somos los herederos de Maynas
Con marchas y contramarchas, se ha dibujado un nuevo rostro en la Amazonía. Expedicionarios buscando «El Dorado» o el «Paititi»; misioneros agustinos, jesuitas y franciscanos buscando ganar almas; y migración económica interna empujada por la explotación de los recursos naturales. Somos producto de todo aquello pero tenemos el deber de apuntar hacia mucho más. Somos herederos de la gran región macro amazónica que prefiguraron a su tiempo, los Jesuitas y Francisco de Requena. Somos herederos de Maynas.
En la lógica de nuestros gobernantes, aun permanecen vigentes aquellos mitos y leyendas que suponen que la selva es una despensa inagotable de recursos, y como en el pasado, no se actúa con perspectiva estratégica. La diferencia hoy, es que el tamaño de la demanda mundial puede producir consecuencias fatales para la Amazonía. No se explica de otro modo, que los Estados Unidos se pronuncien tan abiertamente respecto de la necesaria internacionalización de la Amazonía.
Por tanto, los retos son enormes. Se trata de tener un solo rostro y una misma voz que permita que confluyamos en una plataforma común. Los intereses de los pueblos indígenas no son distintos de la población urbana. Todos buscamos oportunidades para aprovechar racional y sosteniblemente nuestros recursos. Desde pequeños nos han enseñado a no «matar a la gallina de los huevos de oro». La diferencia es que aquí estamos hablando de nuestra casa: La Amazonia. Por otro lado, las necesidades y postergación del Estado es un mal que hemos padecido siempre. En este terreno solo la unidad hará posible revertir esta fatal tendencia histórica. Pero en este caso, tenemos un buen punto de partida: La unidad de los amazónicos, con la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, consiguió infringirle la mayor derrota política a un gobierno soberbio que solo escuchaba la voz del gran capital transnacional.
El Estado peruano en deuda con la Amazonía
El Estado peruano ha estado de espaldas a la amazonia. La inversión pública en la costa en infraestructura hidráulica asciende a 9000 millones de dólares que no representa la centésima parte de la inversión en ese rubro en la amazonia. Según Roger Rumrill: En la actualidad, la Amazonía Peruana atraviesa por la peor crisis en los últimos cincuenta años. La tasa de crecimiento acumulado en la región amazónica, entre los años 1986 y 1995, fue el equivalente a menos de 11,5 por ciento en comparación con el crecimiento de la economía nacional que en ese mismo período fue de 16,8 por ciento. Asimismo los datos sociales son igualmente dramáticos. El 65 por ciento de la población apenas cuenta con educación primaria y el número de habitantes por médico es cercano a 6500.
De todos los indicadores sin duda el más dramático es el de la desnutrición crónica. Se estima que el 75 por ciento de la población infantil de 2 a 9 años padece de desnutrición crónica. Está dañada irreversiblemente.
Las mayores causas de la pobreza es el uso irracional y destructivo de la riqueza natural de flora, fauna y suelos. Los únicos indicadores que crecen de modo constante son la desnutrición, la pobreza y la erosión de los ecosistemas naturales.
Los retos inmediatos son, conseguir la efectiva descentralización, desconcentración y democratización del poder político y económico y construir la unidad amazónica como prerrequisito para elaborar una agenda amazónica para el siglo XXI. Luego, inventar, crear y edificar una nueva educación en la Amazonía. Generar una revolución educativa, recogiendo y poniendo en valor toda la sabiduría y el conocimiento indígena popular, bosquesino, ribereño y rural, asociarla a todos los valores modernos, instrumentalizando la revolución científica y tecnológica que requiere la Amazonía para convertirse en la renta estratégica del Perú en el siglo XXI.
El Estado peruano en contra de las comunidades
Solo como ejemplo, mencionaremos los Decretos Legislativo 1015 y su modificatorio DL 1073 que afecta los derechos de las Comunidades Campesinas y Nativas y que el Congreso de la República, felizmente, ha derogado definitivamente. Dicho decreto establecía requisitos de aprobación mínimos para la disposición de sus territorios, incluso menores que los de cualquier otra persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro. Esta norma buscaba abrir un mercado de tierras comunales, sin solucionar los principales problemas relacionados al saneamiento físico y legal de los derechos de propiedad que a las comunidades les asiste en todo el país. Asimismo, generaba serias dudas sobre los efectos sociales y económicos que puede generar la aplicación del Decreto Legislativo al incentivar la acumulación de grandes extensiones de territorios comunales en grupos de poder. Por otro lado, se vulneran los derechos de los pueblos indígenas al no haber trabajado la norma en un marco participativo y de consulta, acorde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano como el Convenio 169 OIT por lo que deviene en inconstitucional.
Yehude Simon, Presidente del Consejo de Ministros con dirigentes de la Cumbre Amazónica
Política Forestal Privatista
La política forestal del actual régimen es altamente letal para el aprovechamiento sostenible de los bosques y la conservación de las áreas naturales. El Perú es el único país de América Latina en el que no se ha sancionado la veda de la caoba siendo los Estados Unidos el principal demandante; y en el caso del cedro, no obstante ser considerada por la Unión Europea como especie con amenaza de extinción en el apéndice Nº 2 del CITE el INRENA promueve cuotas anuales de exportación para favorecer su tala. En adición, mientras en China establece la veda para la explotación y tala de madera desde el Perú salen miles de metros cúbicos de madera que promueven la tala legal e ilegal de los bosques amazónicos.
La política forestal del actual régimen es altamente letal para el aprovechamiento sostenible de los bosques y la conservación de las áreas naturales. El Perú es el único país de América Latina en el que no se ha sancionado la veda de la caoba siendo los Estados Unidos el principal demandante; y en el caso del cedro, no obstante ser considerada por la Unión Europea como especie con amenaza de extinción en el apéndice Nº 2 del CITE el INRENA promueve cuotas anuales de exportación para favorecer su tala. En adición, mientras en China establece la veda para la explotación y tala de madera desde el Perú salen miles de metros cúbicos de madera que promueven la tala legal e ilegal de los bosques amazónicos.
En verdad, mucho podría hacerse en materia forestal en el Perú si el Estado asume el liderazgo implementando una política forestal involucrando a todos los actores concernidos en el aprovechamiento de los recursos forestales, y no como ahora, que solo se negocia con los grandes intereses transnacionales de monocultivos y biocombustibles. Por ejemplo, la creación de un Fondo de Reforestación como el brasileño permitiría captar recursos obtenidos por el aprovechamiento de recursos forestales, así como el cobro de tasas a las industrias hidrocarburíferas por el impacto de sus actividades en los bosques. Este fondo, bien podría ser el
punto de partida para un plan de desarrollo sostenible de nuestros bosques.
punto de partida para un plan de desarrollo sostenible de nuestros bosques.
De otro lado, bajo el argumento de promover la inversión en tierras deforestadas, el gobierno ha promulgado el Decreto Legislativo Nº 1090 que permite el otorgamiento de derechos forestales a la iniciativa privada lesionando los principios de transparencia y competitividad.
Para complacer la voracidad por las tierras y bosques amazónicos del capital transnacional, el artículo 2º de dicho Decreto Legislativo excluye del patrimonio nacional forestal a tierras con capacidad de uso mayor, cuando la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales establece que estas tierras constituyen Patrimonio Forestal Nacional. Así, se facilita su venta para monocultivos que es uno de los propósitos centrales del modelo alanista.
Y para agravar más las cosas, el decreto legislativo 1090 crea la figura de la iniciativa privada para la entrega de estas tierras forestales. Esto significa la renuncia del Estado Peruano al «dominio» sobre estos recursos naturales.
La moda de los biocombustibles, un peligro para la Amazonía
Hace pocos días las Naciones Unidas hicieron público su primer informe sobre los biocombustibles. Un consorcio de 20 agencias y programas de las NNUU concluye, en síntesis, que si bien el etanol –uno de los biocombustibles- puede ayudar a reducir el calentamiento global y crear empleos para los pobres rurales, estos beneficios pueden ser neutralizados por problemas ambientales serios y una elevación de los precios de los alimentos para las poblaciones hambrientas.
Esta organización se suma así a una importante ola de escepticismo que reacciona frente al entusiasmo de gobiernos y grandes inversionistas que, como en el Perú, promueven el consumo de biocombustibles en nombre de la protección ambiental y de dar oportunidades a la población rural deprimida. Todo esto en medio de una presión de las potencias europeas y de los Estados Unidos quienes han elevado las metas de consumo de biocombustibles para los próximos años. Como quiera que estos grandes consumidores de energía no tengan las tierras suficientes para los cultivos necesarios para producirlos, requieren que países pobres como el Perú pongan a disposición sus propias tierras para estos fines.
Por eso el informe de NNUU advierte que la «moda de los biocombustibles» – como la denomina el organismo mundial – puede hacer tanto daño al medio ambiente como los combustibles fósiles. Otro riesgo es que el rápido crecimiento de la producción de biocombustibles incrementará sustancialmente la demanda de tierras fértiles y de agua en el mundo, en un momento en que ha aumentado también la demanda por alimentos y productos forestales. Se suma a ello el que la expansión de monocultivos a gran escala puede conducir a la pérdida significativa de biodiversidad, a la erosión de los suelos y a la pérdida de nutrientes.
La velocidad con la que en el Perú - y otros países de América Latina- se está introduciendo la «moda de biocombustibles», por grandes inversionistas apoyados por el gobierno no ha dejado el tiempo para que se sopesen los pros y contras de la expansión de los sembríos de caña de azúcar, de palma aceitera y otros cultivos que son sus insumos principales. Por eso resulta risible y de una gran hipocresía que el presidente García pretenda ahora que los biocombustibles a los que ayer propagandizó de manera generosa, hoy resultan siendo un peligro.
Debemos advertir además el peligro que entraña el Decreto Legislativo 1064, que facilita el cambio de uso de las tierras. Dicho decreto legislativo esta amparando centenares de solicitudes de empresas que vienen pugnando por la propiedad de tierras para ser usadas en el cultivo de biocombustibles y otros monocultivos.
Amazonía: Renta Estratégica
Como hemos visto, los distintos gobernantes peruanos solo han mirado a la Amazonia una despensa para explotación irracional de los recursos naturales, y en las últimas décadas como una despensa de hidrocarburiferos. Nunca se ha ponderado su verdadero potencial, su incalculable valor como renta estratégica: la amazonia representa el 20% de toda la reserva de agua dulce en el mundo, somos el cuarto país más importante en superficie de bosques, representamos el 10% de la flora mundial con 25 000 especies, primeros en variedad de peces en el mundo con 2000 especies, y somos segundos en aves con 1745 especies, y terceros en mamíferos con 462 especies.
En buena hora, en el mundo se ha adquirido una mayor conciencia acerca del riesgo que conlleva el deterioro de los recursos naturales -los bosques, la biodiversidad, las comunidades nativas, suelos, agua, entre otros- ha producido un cambio en la mentalidad, especialmente de los pobladores de los países desarrollados. Muy probablemente, esta mayor conciencia se deba a que dicho deterioro afecta cada vez más el bienestar de las personas. La tala y quema de árboles, por ejemplo, están contribuyendo al efecto invernadero que a su vez se considera la causa de los cambios climáticos. La deforestación y las prácticas agrícolas inadecuadas están causando la erosión de suelos y una disminución de la oferta hídrica en las cuencas. La biodiversidad es una fuente de riqueza que sustenta las muchas y variadas formas productivas de la sociedad y el bienestar general de la población, y representa una alternativa fundamental para el desarrollo socioeconómico y para ofrecer una mejor calidad de vida a la sociedad.
Una buena alternativa para nuestros pueblos pueden ser los pagos por servicios ambientales siempre que estén adecuadamente enfocados. Por ejemplo, los servicios de secuestro de carbono, la regulación hídrica o el ecoturismo deben ser diseñados sobre la base principal de la participación de las comunidades locales y los gobiernos subnacionales. En particular, el establecimiento de un marco regulatorio para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, que será de importancia estratégica en los próximos 20 años, debe diseñarse con especial énfasis, en este caso, en los sistemas de distribución de ingresos y control social. Otros bienes y servicios deben identificarse en zonas diferentes a las de bosques, como los valles y las zonas andinas.
García no puede subastar el país
Usando la excusa de la apertura comercial, el gobierno de Alan García ha lanzado un ultimo paquete de 102 decretos legislativos que constituyen el último estertor del neoliberalismo en el Perú. Estos decretos legislativos exceden las facultades delegadas por el Congreso de la República y quiebran la constitucionalidad y la legalidad del país. Que quede claro, los peruanos no lo hemos elegido para subastar el país.
Estas normas elaboradas en elegantes bufetes de abogados y afortunadísimos estudios de consultoría ligados al poder económico nacional y transnacional tienen un sentido privatista y entreguista. Afortunadamente, la primera (esperamos no la última) voz de alerta la han elevado los pueblos de la amazonia.
Es así que en materia de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas, las reglas de juego han sido completamente cambiadas con el propósito de favorecer la gran inversión privada vinculada a la explotación de hidrocarburiferos y monocultivos. Para tal fin, no se ha tomado en cuenta, el despojo del que vienen siendo objeto las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; así como, que estos decretos promueven el cambio de uso de tierras y la tala ilegal, causando de este modo un grave perjuicio para nuestros ecosistemas.
Como vemos, pese a la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, aun nos queda mucho por hacer. No negamos la inversión privada pero estas deben tener condiciones de respeto al ambiente y consulta adecuada a los pueblos indígenas que inevitablemente serán afectados. Si no tomamos las medidas necesarias para detener la agresión contra nuestros pueblos y nuestro hábitat, se estarán creando las condiciones para un desastre ecológico y un nuevo capitulo del genocidio de los pueblos indígenas del Perú.
Congresistas del Bloque Popular en reunión con el presidente de la Comisión de Ecología de la República Popular China
