Por: Roger Rumrrill
Para el Premio Nóbel de Economía del año 2008, el estadounidense Paul Krugman, la recesión mundial tiene una dimensión histórica sólo comparable a la caída del Muro de Berlín en 1989 y significa un cambio de época en la historia humana. Esta crisis, sumada a la del cambio climático, el evento que los científicos coinciden en señalar que marcará el destino del hombre en el planeta Tierra, representan para el país y en particular para la Amazonía Peruana acontecimientos decisivos con graves implicancias e impactos, pero al mismo tiempo son retos y oportunidades para construir un modelo de desarrollo humano y por lo tanto sostenible.
El Perú ha sido y sigue siendo un país de oportunidades perdidas. Fuimos una potencia económica entre 1849 y 1873 durante el boom del guano. El fisco llegó a acumular más de 100 millones de libras esterlinas, de acuerdo al historiador Nelson Manrique. Luego, además de otros ciclos de riqueza, tuvimos el caucho y la harina de pescado.
En efecto, a fines siglo XIX y en la primera década del siglo XX, la mayor exportación peruana fue el caucho, extraída de los bosques amazónicos con mano de obra semiesclava, básicamente indígena, en un sistema precapitalista. Un Estado débil y casi siempre ausente y un modelo económico extractivista que nunca miró el mediano y largo plazo, dilapidó los ingentes recursos generados por el caucho mediante la importación de bienes suntuarios. Tal fue el despilfarro que la burguesía hizo de la riqueza generada por el caucho, que incluso los cajones de embalaje de las bolas de jebe se importaban y los “barones” caucheros mandaban a lavar su fina ropa en Londres. Ni el Estado ni los extractores propusieron un proyecto de diversificación productiva y de transformación industrial de la materia prima mientras duró el período de las “vacas gordas”.
Por esa atávica tendencia al cortoplacismo, por esa falta de previsión y de no pensar y actuar con visión de futuro, cuando los ingleses arrojaron al mercado en vísperas de la Primera Guerra Mundial en 1914 más de 14 mil toneladas de caucho producidas en sus colonias de Asia con semillas hurtadas de la Amazonía, en plantaciones y con mano de obra barata y, por tanto, a precios más bajos, la actividad monoexportadora del caucho colapsó y la Amazonía sudamericana, principalmente el Brasil y el Perú, se hundieron en una crisis que se prolongó por décadas.
La crisis económica mundial y el cambio climático están impactando severamente a la Amazonía de hoy. Los mercados que nos compran nuestras principales materias primas, madera en especial, castaña y otros productos sin transformación han disminuido en unos casos sus importaciones y en otros casos simplemente los han cancelado. El efecto, como en la crisis cauchera, es un incremento de la desocupación y más pobreza en una región donde los indicadores socio económicos que más crecen sin pausa son la población, la pobreza, la desnutrición y la erosión de los ecosistemas naturales.
Sin embargo, la economía peruana creció en el último quinquenio a tasas que oscilaban entre el 8 al 9 por ciento, una de las más altas de América Latina, gracias a la demanda de Estados Unidos, Europa y de las economías emergentes como la China y la India principalmente de minerales.
En la Amazonía Peruana hasta hace sólo un año, el pie tablar de caoba, “el oro rojo de la Amazonía”, se pagaba en 10 soles. Otras especies como el cedro y las maderas duras también tenían buenos precios y demanda externa. Bajo el impulso de esta demanda y estos buenos precios creció la extracción para el mercado nacional y la exportación, en gran medida a costa de la tala ilegal. El 90 por ciento de la madera de consumo nacional y de exportación procede de áreas no autorizadas, de acuerdo a las autoridades forestales del Ministerio de Agricultura.
Otra vez, como en el ciclo del caucho, el Estado ausente no contribuyó técnica ni económicamente a la construcción de un sistema forestal sostenible y moderno en base a las concesiones forestales. Además, la mayoría de los extractores, para obtener las mayores y más rápidas ganancias de la “gallina de los huevos de oro” del bosque, no sólo no invirtieron parte de sus ganancias en crear una base inicial de transformación de la madera para obtener valor agregado, sino también erosionaron con prácticas ilegales los precarios sistemas de control y supervisión del bosque, con frecuencia en complicidad con el propio Estado. Por eso, ahora que bajo las condicionalidades impuestas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se imponen sistemas de control más rigurosos y con penalidades de cárcel al delito ambiental, la red de corrupción montada en las últimas décadas se rompe, hace colapsar a las empresas y deja en la desocupación a miles de taladores del bosque, legales e ilegales.
Estas lecciones de la historia tienen que ser aprendidas en el contexto de la crisis presente que, de modo radical y profundo, nos obligan a reformular y replantear nuestras visiones, percepciones, esquemas e incluso filosofía sobre el presente y el futuro de la Amazonía.
Las leyes formuladas y aprobadas para la implementación del TLC con Estados Unidos, sobre todo las leyes 29316 sobre patentes genéticas, así como la ley 29317 para aprovechamientos de los bosques amazónicos conllevan profundos cambios con relación al uso de la megadiversidad amazónica y los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Ambas leyes y sobre todo la 29316 abre las puertas de la biodiversidad amazónica a la biopiratería internacional y al ingreso irrestricto de semillas y productos transgénicos controlados en un cien por ciento a nivel mundial por las gigantes multinacionales Monsanto, Astra-Zeneca, Syngenta (ex Novartis), Aventis y Du Pont.
Antes de la crisis, una de las mayores opciones para el desarrollo de la Amazonía se creía que era la explotación hidrocarburífera. A la fecha se han lotizado más de 500 mil kilómetros del territorio amazónico peruano a una decena de empresas. Muchos de esos lotes habían sido sellados en los setentas del siglo pasado cuando el precio del barril de petróleo se cotizaba en 10 dólares. A ese precio el petróleo amazónico no es comercial porque es un petróleo pesado cuya refinación implica mayores costos.
Con el precio actual del barril de petróleo, que oscila entre los 44 a 45 dólares, otra vez el petróleo amazónico puede perder su valor comercial. A ello hay que agregar la cada vez mayor presión internacional para sustituir el combustible fósil por energías alternativas por sus efectos en el cambio climático y su previsible agotamiento. Eso no es todo. La explotación de petróleo y el gas en la cuenca amazónica produce impactos irreversibles en los ecosistemas tropicales y es la causa de una de las mayores contaminaciones en los ríos, lagos y quebradas, significando un grave riesgo en la oferta de agua en el siglo XXI.
Como una alternativa al uso de la energía fósil, causante de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, se planteó la posibilidad del sustituto de los biocombustibles y muchos vieron en la Amazonía el espacio ideal para el desarrollo de esta actividad. La política de abrir el mercado de tierras de la Amazonía por parte del régimen de Alan García apunta principalmente a la producción de biocombustibles.
No obstante, estudios efectuados por expertos de las Naciones Unidas han concluido que con la máxima producción de biocombustibles, a costa de ocupar y talar millones de hectáreas de bosques tropicales y consumir ingentes recursos de agua cada vez más escasos, sólo se habrá logrado reemplazar un 4 por ciento de los 85 millones de barriles de petróleo consumidos diariamente en el año 2008. Además, la promoción de los biocombutibles ha sido una de las causas de la inflación mundial de los precios alimenticios. Los 6 mil millones de dólares que la Administración Bush otorgó a los productores de biocombustibles, han sustraído del mercado alimentario grandes volúmenes de maíz, arroz y oleaginosas. Lo mismo ocurrió en otros países y la tendencia sigue su curso.
En el nuevo escenario, toda la tradicional concepción de “maderizar” el bosque, es decir, el bosque sólo como productor de madera y el uso de las tierras tropicales para la agricultura precaria y migratoria y el gran monocultivo para la producción de commodities y biodiesel tienen que ser revisadas y reformuladas. La noción y concepción del aprovechamiento en pie surge como una nueva visión del bosque y la naturaleza, una concepción sostenible, rentable, social e incluso cultural y acorde con la necesidad de conservar la vida sobre la Tierra.
Entre 1821 y 1990 se dieron 18 mil leyes para el desarrollo de la Amazonía, normas contradictorias, absurdas y plagadas de ignorancia y desconocimiento de la realidad amazónica y casi siempre al servicio del centralismo y de los grupos de poder que controlan al Estado. Leyes como la 1220 de Tierras de Montaña, promulgada por Augusto B. Leguía en 1909 y que doctrinaria y políticamente consideraba que la Amazonía era un espacio vacío de habitantes que era necesario poblar y desarrollar entregando su riqueza a los grandes hacendados y señores feudales. La 1220 hizo posible la entrega en adjudicación de un territorio de 5 millones, 774 mil hectáreas al “Rey de Caucho” Julio César Arana en el Putumayo y que fue la causa y el origen del infausto Tratado Salomón-Lozano que significó una pérdida de 120 mil kilómetros de territorio peruano en la Amazonía. Leyes que nunca pudieron hacer, de ese Estado ausente que históricamente tenemos en la Amazonía, un estado promotor del desarrollo, moderno, que consolide un pacto social que haga posible resolver los grandes problemas de hoy en la Amazonía: la sustitución del inviable sistema extractivo-mercantil, que hagan de la salud y la educación y la inversión en ciencia y tecnología los vehículos y herramientas del desarrollo humano.
La recesión mundial y el cambio climático han convertido a la Amazonía, ahora más que nunca, en uno de los mayores espacios estratégicos de una economía global donde los recursos vitales son el agua, la energía, los alimentos y los bosques como sumideros de carbono y otros servicios ambientales decisivos para la estabilidad ecológica planetaria.
Como en los siglos XVI, XVII y XVIII la Amazonía nuevamente vuelve a ser la utopía y el nuevo “El Dorado”, pero a condición de manejar, transformar y usar sosteniblemente esta riqueza renovable con la imprescindible unidad de los pueblos amazónicos y los instrumentos de la ciencia y la tecnología, los valores de la cultura, la educación, el asombroso conocimiento y saber de los pueblos indígenas, ribereños y bosquesinos y las extraordinarias capacidades de adaptación de estos pueblos a las radicales transformaciones que el calentamiento climático global está provocando en la Tierra.
La iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, que preside el congresista Róger Nájar Kokally, de proponer, debatir, aprobar y promulgar una Ley Marco de Desarrollo Sostenible, en acuerdo y consenso con toda la sociedad civil amazónica, abre e inaugura una nueva oportunidad histórica a la Amazonía Peruana en este cambio de época que significa el colapso de la economía mundial y la crisis y el calentamiento climático en el siglo XXI.
La recesión mundial y el cambio climático han convertido a la Amazonía, ahora más que nunca, en uno de los mayores espacios estratégicos de una economía global donde los recursos vitales son el agua, la energía, los alimentos y los bosques como sumideros de carbono y otros servicios ambientales decisivos para la estabilidad ecológica planetaria. 
