«En Colombia, un cambio real en política comienza por reconocer que el enfoque militar al tráfico de drogas de los últimos ocho años ha sido un absoluto fracaso y que se necesita una nueva política» Organizaciones norteamericanas se dirigieron al Presidente Obama, hace dos semanas, en una carta que propone el fin del Plan Colombia, la ayuda militar, y la «guerra contra la droga» y apoyo para una solución política y negociada para el conflicto armado en Colombia. Por considerarla de suma importancia, publicamos dicho texto:
Estimado Presidente Obama:
Usted nos ha desafiado a asumir los retos importantes que enfrenta nuestra nación y a hacer un cambio genuino en la forma como Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo.
En Colombia, un cambio real en política comienza por reconocer que el enfoque militar al tráfico de drogas de los últimos ocho años ha sido un absoluto fracaso y que se necesita una nueva política. Este enfoque, llamado Plan Colombia, ha buscado reducir la producción de hojas de coca a la mitad para afectar el precio y la disponibilidad de cocaína en nuestras comunidades y, en últimas, reducir el uso de cocaína y los problemas sociales que éste genera. Para tal fin, Estados Unidos ha gastado más de $ 6 mil millones de dólares desde 2000, cerca del 80% en las fuerzas armadas colombianas.
Mirado desde todos esos indicadores, el plan ha sido un desperdicio de recursos. La cocaína que entra a Estados Unidos cuesta lo mismo que costaba hace ocho años, en algunos sitios es más económica y más fácil de conseguir. La aspersión aérea ha causado un desastre medioambiental y menoscabado la salud y cultivos de campesinos colombianos pobres, en tanto que la cantidad de hojas de coca cultivada se ha mantenido constante, lo que sugiere que Plan Colombia tiene muy poco impacto con cualquier fluctuación del precio.
Más de tres cuartos de la asistencia de Estados Unidos a Colombia se ha dirigido a una erradicación de drogas fallida. Los promotores de la asistencia también aducen que el plan también ha resultado en una disminución de secuestros por la guerrilla, menos masacres y la desmovilización de 30000 paramilitares. Sin embargo, para millones de colombianos su seguridad ha sido arrasada. Desde que Plan Colombia inició, más de 2,5 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia.
Ambos bandos del conflicto armado en Colombia han cometido atrocidades terribles. Las fuerzas armadas financiadas por Plan Colombia tienen el peor récord en abusos de derechos humanos en las Américas, y el asesinato de civiles por el ejército -casi la mitad- cometidos por unidades apoyadas por Estados Unidos. Por consiguiente, Estados Unidos no debería armar bando alguno en un guerra sin fin en cual la mayoría de quienes sufren son civiles.
En mayo pasado, usted dijo «a la persona que vive con miedo a la violencia no le importa si está amenazada por un paramilitar de extrema derecha o por un terrorista de izquierda … por un cartel de la droga o una fuerza de policía corrupta. A ellos solamente les importa que … sus familias pueden vivir y trabajar en paz.»
Nosotros compartimos ese pensamiento. Para nosotros, y pensamos que para Usted, sí importa que la gente esté amenazada por fuerzas armadas corruptas y brutales que han sido entrenadas y equipadas con el dinero de nuestros impuestos. Nosotros queremos que eso cese.
Nuestra nación podría promover la tan anhelada paz en Colombia si estamos dispuestos a usar nuestros recursos en diplomacia para apoyar una paz negociada. Mientras miles de millones fluyen a la guerra en Colombia, los programas de salud para tratar la adicción a las drogas y la economía grande aquí en casa sufren de un profundo déficit social. De la población que abusa de las sustancias, siente la necesidad de tratamiento y está lista a dejar de usar las drogas, más de la mitad no pueden pagar el costo del tratamiento. La actual crisis económica hará que la situación para esas personas y sus familias sea aún peor, a menos que actuemos.
Por tales razones, le instamos a:
- Reconsiderar la fallida «guerra contra las drogas» en Colombia. En lugar de gastar miles de millones en una fallida estrategia «del lado de la oferta» que financia abusos a los derechos humanos, destruye el medio ambiente y alimenta un conflicto armado que lleva décadas, Estados Unidos debería terminar la ayuda militar al ejército colombiano. Comenzar por suspender toda la asistencia para fumigación y entrenamiento militar.
- Apoyar una terminación negociada al conflicto armado en Colombia, usando todos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.
- Invertir en desarrollo alternativo real afuera y en prevención y tratamiento de drogas en casa. La asistencia a Colombia debería incluir mucha más ayuda humanitaria a los millones de desplazados internos, administradas por agencias independientes no ligadas a lo militar y apoyar la justicia para las víctimas de la guerra. El gobierno federal debe financiar completamente el Bloque de Becas para Abuso de Sustancias e incluir tratamiento a la adicción en la reforma integral a la salud. Dicho tratamiento reducirá, a la larga, los gastos en salas de emergencia y los costos en la justicia criminal originados en la adicción no tratada.
Creemos que esta nación necesita un cambio en su fallida política hacia Colombia. Esto requiere una profunda revisión de cómo se gastan los fondos y qué resultados han producido en lo que lo importa más respecto de los más vulnerables y las víctimas de la violencia. Esperamos trabajar con Usted y el Congreso para lograr esas metas.
INSTITUCIONES FIRMANTES :
1. Chuck Kaufman, Coordinator Alliance for Global Justice, North America.
2. Baptist Peace, Executive Director Buddhist Peace Fellowship.
3. Zinju Earthlyn Manuel, National Coordinator Campaign for Labor Rights.
4. Adam Isacson, Programs Center for International Policy. The Church of God Peace Fellowship.
5. Medea Benjamin, Co-founder, Codepink. Mark C.
6. Johnson, Ph.D. Executive Director Fellowship of Reconciliation.
7. Philip McManus, Forging Alliances South and North.
8. Kirsten Moller, Executive Director Global Exchange Lutheran Peace Fellowship.
9.Maryknoll Office for Global Concerns.
10. Jim Schrag, Executive Director, Mennonite Church USA. Mennonite Central Committee U.S. Washington Office.
11. Rev. Kathryn J. Johnson, Executive Director, Methodist Federation for Social Action.
12. Lee Siu Hin, National Coordinator, National Immigrant Solidarity Network.
13. Sylvia Romo, Interim Executive Director, Network in Solidarity with Guatemala.
14. Katherine Hoyt, National Co-Coordinator, Nicaragua Network.
15. Michael Beer, Executive Director, Nonviolence International.
16. Christy Thornton, Director and Publisher, North American Congress on Latin America.
17. Ken Butigan, Executive Director, Pace e Bene.
18. Dave Robinson, Executive Director, Pax Christi USA: National Catholic Peace Movement
19. Paul Kawika Martin, Organizing, Political and PAC Director Peace Actio.
20. Rick Ufford-Chase, Executive Director, Presbyterian Peace Fellowship The Quixote Center.
21. Pamela Bowman, Legislative Coordinator School of the Americas Watch.
22. Barbara Gerlach, Colombia Liaison. United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Kelly Nicholls, Executive Director, U.S. Office on Colombia.
23. Alfred L. Marder, President, US Peace Council. Stephen Coats, Executive Director , U.S. Labor Education in the Americas Project (USLEAP).
24. Banbose Shango, National Co-Coordinator, Venezuela Solidarity Network.
25. Michael T. McPhearson, Executive Director, Veterans For Peace.
26. Melinda St. Louis, Executive Director, Witness for Peac. Women for Genuine Security,
1. Chuck Kaufman, Coordinator Alliance for Global Justice, North America.
2. Baptist Peace, Executive Director Buddhist Peace Fellowship.
3. Zinju Earthlyn Manuel, National Coordinator Campaign for Labor Rights.
4. Adam Isacson, Programs Center for International Policy. The Church of God Peace Fellowship.
5. Medea Benjamin, Co-founder, Codepink. Mark C.
6. Johnson, Ph.D. Executive Director Fellowship of Reconciliation.
7. Philip McManus, Forging Alliances South and North.
8. Kirsten Moller, Executive Director Global Exchange Lutheran Peace Fellowship.
9.Maryknoll Office for Global Concerns.
10. Jim Schrag, Executive Director, Mennonite Church USA. Mennonite Central Committee U.S. Washington Office.
11. Rev. Kathryn J. Johnson, Executive Director, Methodist Federation for Social Action.
12. Lee Siu Hin, National Coordinator, National Immigrant Solidarity Network.
13. Sylvia Romo, Interim Executive Director, Network in Solidarity with Guatemala.
14. Katherine Hoyt, National Co-Coordinator, Nicaragua Network.
15. Michael Beer, Executive Director, Nonviolence International.
16. Christy Thornton, Director and Publisher, North American Congress on Latin America.
17. Ken Butigan, Executive Director, Pace e Bene.
18. Dave Robinson, Executive Director, Pax Christi USA: National Catholic Peace Movement
19. Paul Kawika Martin, Organizing, Political and PAC Director Peace Actio.
20. Rick Ufford-Chase, Executive Director, Presbyterian Peace Fellowship The Quixote Center.
21. Pamela Bowman, Legislative Coordinator School of the Americas Watch.
22. Barbara Gerlach, Colombia Liaison. United Church of Christ Justice and Witness Ministries. Kelly Nicholls, Executive Director, U.S. Office on Colombia.
23. Alfred L. Marder, President, US Peace Council. Stephen Coats, Executive Director , U.S. Labor Education in the Americas Project (USLEAP).
24. Banbose Shango, National Co-Coordinator, Venezuela Solidarity Network.
25. Michael T. McPhearson, Executive Director, Veterans For Peace.
26. Melinda St. Louis, Executive Director, Witness for Peac. Women for Genuine Security,
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