Palabras iniciales del Congresista Edgard Reymundo
Mis primeras palabras son para reafirmar nuestra vocación democratica, patriótica y socialista, así como mi voluntad y compromiso de entrega al servicio de los ciudadanos de Junín y del país en general. Ello resulta todavía más imperativo en una sociedad como la nuestra, en la que debemos luchar por eliminar las desigualdades sociales, económicas y culturales, para convertir al Perú en un país capaz de brindar iguales oportunidades de desarrollo, trabajando arduamente para erradicar el hambre y la pobreza extrema. Asimismo, buscamos sumar esfuerzos para construir una sociedad democrática con justicia social, en la que impere la paz, la solidaridad y el respeto al ser humano. Para logar estos objetivos es necesario promover políticas públicas, con especial incidencia en educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura.
Las cifras y los hechos demuestran que en el Perú la corrupción va en aumento, tal como lo revela el Informe de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año 2008, en la que ubica a nuestro país en el puesto 72 y le otorga un puntaje de 3.6 en la escala de cero a diez, en el que cero representa un país más corrupto; y a nivel de Gobiernos Regionales, en los sondeos de opinión Junín, ocupa uno de los primeros lugares en el índice de corrupción. Por ello, no es de extrañar que exista la percepción en la ciudadanía de una sensación de impunidad ante la corrupción, que pareciera una forma de actuación normal para el Gobierno.
Desde la Bancada Parlamentaria BLOQUE POPULAR luchamos contra la corrupción, bajo un enfoque integral que permita mayores niveles de transparencia, vigilancia, control y fiscalización de los procesos de toma de decisiones, al interior del aparato de Gobierno en sus tres niveles: Nacional, Regional y Municipal.
Nuestro Sistema Nacional de Control es débil y deficiente, no facilita una Gestión Pública eficaz ni permite el fortalecimiento de la Democracia y la vigencia del Estado de Derecho; por lo que proponemos ampliar las facultades y funciones de la Contraloría General de la República; aprobar Leyes Anticorrupción como la Imprescriptibilidad de los delitos cometidos por Funcionarios Públicos, celeridad en la Administración de Justicia para erradicar la impunidad; y, promover medidas preventivas como el fortalecimiento de valores éticos a través del sistema educativo y mecanismos de formación y participación ciudadana.
No existe desarrollo sin fiscalización, ni compromiso sin participación ciudadana; por ello, BLOQUE POPULAR viene luchando para dotar a la población de Comités Ciudadanos y Veedurías Anticorrupción, no sólo para la aprobación de los planes de desarrollo local y regional, sino también que se conviertan en instancias de control y fiscalización permanente; en donde los funcionarios públicos y autoridades elegidas cumplan con sus funciones y no se sirvan del cargo para lucrar y beneficiarse.
Corrupción en el Gobierno Aprista
a. Petro Audios
La población recuerda del primer gobierno aprista (1985-1990) el mal manejo de la economía nacional, que llevó al país al borde del colapso, con una inflación galopante; y por los innumerables casos de corrupción como el negociado de la venta de los aviones Mirage, el tren eléctrico, los dólares MUC, la venta irregular de acciones de la deuda externa, el soborno del Banco BCCI a funcionarios del BCR, entre otros.
En este segundo Gobierno, los actos de corrupción son aún más evidentes como el caso de los patrulleros, pertrechos antimotines, el SIS (compra sobrevaluada de raciones alimenticias para los damnificados del sismo del 15/08/07), Banmat, venta ilegal del aeródromo de Collique, entre otros; siendo el caso de los Petro Audios el más relevante, donde se constató la existencia de una Red de Corrupción que involucró no sólo a particulares sino a funcionarios públicos, basada en una asociación ilícita que buscaba beneficiar sus propios intereses, perjudicando los recursos de la Nación; para lograr estos objetivos contrataron a personas que tenían acceso a las altas esferas del poder político, en distintos niveles del gobierno (como Rómulo León y Alberto Químper), sobornaron a funcionarios públicos y prometían respaldo a campañas políticas futuras; razón por la cual se materializó la adjudicación de 5 lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
A raíz de la investigación de los Petro Audios, se develó que junto con el dominicano Fortunato Canaán, el mexicano Díaz Lugo y el noruego Jostein Kjerstad y otros, tenían como objetivo desarrollar un plan denominado “Proyecto Perú”, que implicaba obtener contratos para construir hospitales, cárceles, invertir en gas, petróleo, entre otros.
El Informe Final de Minoría presentado por los Congresistas Abugattas y Reymundo determinó la existencia de irregularidades en la adjudicación de los lotes petroleros, estableciéndose la responsabilidad penal de cerca de 20 funcionarios, tanto de Petro Perú como Perú Petro, entre ellos los presidentes de ambas empresas, también se pronunció por la infracción constitucional al artículo 126º de la Constitución, por la gestión de intereses privados de los ex ministros apristas Jorge Del Castillo Gálvez y otros; toda vez que favorecieron intencionalmente a los intereses de Canaán y la empresa DPI.
La evidencia de la corrupción fue tan grave que originó la caída de todo el Gabinete presidido por Jorge Del Castillo. Sin embargo, el Gobierno buscó la impunidad frente a estos actos de corrupción y logró que en el Congreso se aprobara el Informe en mayoría por la alianza entre el Apra, Fujimorismo y Unidad Nacional, quienes apostaron por la impunidad, desistiendo denunciar a los funcionarios y particulares implicados y a los ex Ministros.
b. Nuevos Petro Mails
La publicación de nuevos mails y Petro Audios confirman las conclusiones del Informe en Minoría, porque corroboran con nueva información e incluso amplían los alcances de la red de corrupción a más funcionarios del actual gobierno. Frente a estos hechos de corrupción evidente, el gobierno pretende mediaticamente desviar la atención poniendo en agenda los casos del “Chuponeo” y la “Venta Irregular de Petro Tech”, aprobando en este último caso que la Comisión esté presidida por un Congresista del oficialismo.
¿Contralor General de la República?
El país requiere un verdadero Contralor
La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso eficiente y eficaz de los recursos del Estado, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control.
a. Ingrid Suárez
Si bien es cierto que el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de proponer el candidato para el cargo de Contralor General de la República para ser designado por la Comisión Permanente del Congreso; el mandatario propuso a la Srta. Ingrid Suárez Velarde, persona que no reunía los requisitos ni era idónea para asumir dicho cargo; sin embargo, la Comisión Evaluadora presidida por la Congresista aprista Mercedes Cabanillas, concluyó que dicha propuesta cumplía con todos los requisitos exigidos por Ley, recomendando su designación. La Comisión Permanente, con los votos de las bancadas Aprista, Fujimorista y de Unidad Nacional, aprobó su designación; a pesar que señalamos la existencia de indicios de la falsificación de documentos, que posteriormente se comprobó la falsedad de los certificados de estudios y su título de Ingeniera, por lo que la Comisión Permanente anuló su designación el 21 de enero de 2009.
b. Edmundo Beteta
A pesar de ello, el Presidente de la República, lejos de corregir este lamentable error y recoger las propuestas de candidatos que le remitió la oposición, presentó al Sr. Edmundo Beteta Obreros al cargo de Contralor, quien tampoco cumplía con los requisitos de Ley, al no contar con 10 años de ejercicio profesional, tal como señalamos en el Informe de la Comisión Evaluadora que
fue aprobado por SIETE votos a favor y UNO en contra (APRA). Posteriormente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el Informe de la Comisión Evaluadora con DIECISEIS votos a favor y OCHO en contra (de la Bancada Aprista), que desestima la propuesta del Presidente Alan García Pérez para la citada designación.
fue aprobado por SIETE votos a favor y UNO en contra (APRA). Posteriormente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el Informe de la Comisión Evaluadora con DIECISEIS votos a favor y OCHO en contra (de la Bancada Aprista), que desestima la propuesta del Presidente Alan García Pérez para la citada designación.
c. Propuesta de Bloque Popular
El país necesita con urgencia de un nuevo Contralor General de la República, pero para ello se requiere de un candidato que no solo cumpla con los requisitos de Ley sino que además debe ser una persona idónea, con acreditada independencia, neutralidad e imparcialidad; y el Presidente de la República tiene la obligación de realizar una propuesta bajo estos términos y no tratar de imponer personas sometidas a sus intereses, y más aún cuando el Poder Ejecutivo pretende, mediante un Anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Justicia, reducir las facultades de la Contraloría General de la República referidas a investigar y denunciar la corrupción, eliminando además la procuraduría de ese organismo y recortando las funciones de las OCI para evaluar la gestión en las instituciones públicas; lo que demuestra la falta de voluntad política del Gobierno para enfrentar la corrupción.
BLOQUE POPULAR luchando contra la Corrupción
Como parte de las funciones de Control Político, hemos asumido la investigación de diversos casos con objetividad e imparcialidad, los que detallamos a continuación:
a. La frustrada compra de los patrulleros para la Policía Nacional del PerúEn el proceso de selección para la compra de los 469 patrulleros para la PNP, si bien es cierto que aparentemente se había cumplido con la norma; sin embargo, de la investigación se encontró indicios razonables del direccionamiento en las bases de la licitación para favorecer y adjudicar la buena pro a la empresa chilena Automotores Gildemeister, además se demostró la sobrevaluación del precio de los vehículos en un 30%.
Ante esta situación evidente, la entonces Ministra Pilar Mazzetti se vio obligada a renunciar a su cargo, declarándose nulo el contrato y el proceso de selección; y la empresa Gildemeister tuvo que devolver la suma de S/. 11’137,577.50 nuevos soles, recibida como adelanto.
b. Irregularidades en la compra de ambulancias para el Ministerio de Salud
Al igual que el caso anterior se encontró indicios de sobrevaloración del precio de las 59 ambulancias adquiridas para el Ministerio de Salud, así como el direccionamiento de las bases de la licitación para favorecer en el otorgamiento de la buena pro a favor de la misma empresa chilena arriba señalada, cuando la Dra. Pilar Mazzetti Soler era Ministra del sector en el año 2005.
Las ambulancias presentaron desperfectos técnicos que perjudicaron a los usuarios y pacientes, verificándose que no eran adecuadas para el servicio que debían prestar. Por ello se denunció a la ex Ministra Pilar Mazzetti ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Omisión de Actos Funcionales.
c. Tráfico de combustible en el Ejército Peruano
En la investigación de la suplantación de los Comandcar y el tráfico de combustible en el Ejército a través de la utilización de vales que esta institución empleaba para asignar combustible a sus dependencias, se determinó la existencia de la presunta responsabilidad en altos oficiales de dicha institución.
Se comprobó que la demanda de combustible del Ejército en el año 2006, conforme a la información proporcionada por la Dirección General de Logística del Ejército (DIGELOGE), se incrementó en comparación al año 2005 en 414,340 galones de gasolina de 84 octanos y en 1’162,342 galones de petróleo, incremento de combustible que no guarda correspondencia con el número de unidades operativas ni con la actividad que estas realizan en el Ejército, cuyo uso no han podido justificar ante los órganos de control correspondiente, hecho del que se desprenden indicios de la comisión del delito de Peculado y otros; remitiéndose la investigación al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.
d. Irregularidades en la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú
La investigación del caso AFOBISO donde se encontró indicios de irregularidades cometidas por el personal de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, por el desvío ilícito de los recursos de AFOBISO GRP, cuyos cheques girados a su favor durante en el periodo de enero 2005 a junio 2006 por un monto de S/. 9’346,543.41 nuevos soles, fueron depositados en una cuenta distinta a la de AFOBISO GRP, utilizando papeletas de depósito (bouchers) falsificadas.
e. Irregularidades en la compra de 54 minibuses para el Poder Judicial
Se determinó la existencia de indicios de responsabilidad en la comisión del delito de Colusión por parte del Gerente General del Poder Judicial, Sr. Hugo Suero Ludeña y otros, quienes participaron en la licitación para la compra de los 54 minibuses para dicha institución, los mismos que habrían concertado ilegalmente con los representantes de la empresa Automotores Gildemeister (la misma que está comprometida en el caso de patrulleros y ambulancias), para favorecerlos con la adjudicación de la buena pro a un precio sobrevaluado.
f. Irregularidades en la concesión de la Vía Expresa del Callao
La Municipalidad del Callao adjudicó la buena pro de la Licitación para la Concesión de la construcción de la Vía Expresa del Callao el 28 de febrero del 2000 a la empresa Convial Callao S.A., sin que estuviera inscrita en los Registros Públicos.
No obstante la irregularidad anotada, el contrato de concesión se suscribió el 9 de febrero de 2001 (fuera del plazo establecido en las bases de la Licitación), el cual ha sido modificado por cinco (5) adendas y dos (2) aclaraciones al Contrato, con la intensión de seguir favoreciendo a la concesionaria permitiéndole cobrar peaje sin que la obra estuviera concluida, tal como lo exigía el
contrato.
Además, quedó demostrada la sobrevaluación de la obra, ya que la empresa Convial Callao S.A. señaló que en el tramo A de la Vía Expresa del Callao gastó S/. 18’331,592 de nuevos soles; al respecto, la Contraloría General de la República concluyó que el citado tramo costó S/. 8’182,398.74 nuevos soles.
Razón por la cual, la Comisión de Fiscalización y el Pleno del Congreso aprobó el Informe Final encontrando presunta responsabilidad de los funcionarios involucrados por la comisión de los delitos de colusión, malversación, asociación ilícita, estafa, entre otros, remitiéndose lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que inicie las investigaciones que correspondan.
Corrupción en la región Junín
a. Licitación del agua potable y alcantarillado de CarhuamayoLos funcionarios del Gobierno Regional de Junín, habrían direccionado y concertado con el Representante del Consocio Carhuamayo, a fin de beneficiarlo con el otorgamiento de la buena pro de la licitación pública, al haber admitido la propuesta técnica del consorcio sin que éste cumpliera con los requisitos mínimos exigidos en las Bases; ya que el ingeniero asistente de obra Nº 01 no contaba con los años de experiencia mínima, tal como se establecía en el punto 2.12.1 de las Bases; no obstante ello, el Comité Especial admitió la propuesta y le asignó un puntaje, también se suscribió el contrato con fecha 31 de octubre del 2007, entre el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Carhuamayo, sin que éste último cuente, en dicho acto, con las Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado expedida por CONSUCODE, ya que a una de las empresas consorciadas (Alpha Consult S.A.) le expidieron dicha Constancia (05 de noviembre del 2007), con fecha posterior a la suscripción del contrato; contraviniendo así lo dispuesto par el inciso 1) del artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por otro lado, el contrato fue firmado en representación del Gobierno Regional de Junín, por un funcionario distinto, quien no contaba con la delegación de facultades otorgadas por el titular de la Entidad. Además se habría presentado en la propuesta técnica, documentos falsos por parte del Consorcio Carhuamayo y Agua y Saneamiento Junín. Finalmente, designaron al Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín sin contar con titulo profesional exigido en el Manual de Organización y Funciones de dicha Entidad.
Los hechos antes descritos evidencian indicios suficientes de la comisión de los delitos de Colusión Desleal, Usurpación de Función Publica, Falsificación de Documentos, Nombramiento Ilegal y Omisión de Actos Funcionales; por parte de los funcionarios del Gobierno Regional de Junín, desde su Presidente, Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero; el Gerente General Regional, Sr. Jorge Carrasco Calderón; el Ex Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, Sr. Vicente Gonzáles Carrasco, y los miembros del Comité Especial, Sres. Oscar Colmenares Zapata (Presidente del Comité y Gerente General de Infraestructura), Oscar Calixto Gavino y Alfredo Hidalgo Camarena.
Dicho informe fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Fiscalización y el Consejo Directivo del Congreso; remitiéndose lo actuado a la Fiscalía de la Nación, a la Contraloría General de la República y a Consucode, para que conforme a sus atribuciones inicien las investigaciones correspondientes.
b. Licitación para rehabilitación de los servicios básicos del hospital de Tarma
La investigación se originó por las publicaciones de denuncias periodísticas que señalaban la existencia de irregularidades en la Licitación convocada por el Gobierno Regional de Junín para la rehabilitación de los servicios básicos del hospital Félix Mayorca Soto de la ciudad de Tarma.
Se refiere que la Buena Pro fue adjudicada al Consorcio Junín, la cual recibió un adelanto de S/. 1’115, 852.67 nuevos soles, respaldado por las cartas fianza de fiel cumplimiento emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyma Perú y por la empresa El Inka S.A., las que serían ilegales. Dicha irregularidad fue informada por la Superintendencia de Banca y Seguros al Gobierno Regional mediante Oficio Nº 37633, de fecha 6 de octubre de 2008.
Frente a estos indicios de actos de corrupción, solicitamos al Ministerio Público inicie de oficio la investigación del caso y que la Contraloría General de la República disponga una acción de control rápida; para que de forma inmediata, al existir prueba vinculante de la comisión de delitos, se denuncie penalmente a los funcionarios del Gobierno Regional de Junín que resulten responsables.
30% del presupuesto se va a la corrupción
Con los recursos destinados a bienes, servicios y ejecución de obras, el Estado se constituye en el principal dinamizador de la economía nacional; porque gasta más de 24 mil millones de nuevos soles anuales, cifra que es apreciable y apetecible para los agentes corruptores.
Dentro de esta dinámica de gasto, la falta de transparencia en la ejecución del presupuesto deviene en actos de corrupción en perjuicio del Estado Peruano; siendo una de las modalidades utilizadas el direccionamiento de los procesos de selección para favorecer ilegalmente a determinados proveedores y adjudicarles la buena pro; todo ello conlleva a la sobrevaluación de precios, concertación ilegal entre privados y funcionarios públicos. Al respecto, existen múltiples denuncias, investigaciones y procesos penales.
Dentro de esta dinámica de gasto, la falta de transparencia en la ejecución del presupuesto deviene en actos de corrupción en perjuicio del Estado Peruano; siendo una de las modalidades utilizadas el direccionamiento de los procesos de selección para favorecer ilegalmente a determinados proveedores y adjudicarles la buena pro; todo ello conlleva a la sobrevaluación de precios, concertación ilegal entre privados y funcionarios públicos. Al respecto, existen múltiples denuncias, investigaciones y procesos penales.
Así tenemos, por ejemplo el caso de la sobrevaluación del precio en la compra de 469 patrulleros durante la gestión aprista de la ex Ministra Pilar Mazzetti Soler; de las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso se constató que del monto total de S/. 45.5 millones de nuevos soles destinados para la adquisición de los citados vehículos, S/. 13.5 millones eran el sobreprecio (coima), que equivalen al 30% de dicha compra; igualmente esta modalidad se presentó en el caso de la adquisición de ambulancias para el Ministerio de Salud, en los pertrechos antimotines de la PNP, la adquisición de raciones alimenticias por el Seguro Integral de Salud (SIS) para los damnificados por el terremoto del 15 de agosto de 2007, el tráfico de combustible al interior del Ejército Peruano en el que estuvo comprometido el Gral. EP (r) Edwin
Donayre (ex Comandante General del Ejército).
Donayre (ex Comandante General del Ejército).
En consecuencia, si tomamos como ejemplo el caso de la frustrada compra de los 469 patrulleros donde se demostró la sobrevaluación de precios hasta en un 30%; y si este porcentaje de coima se aplica al total del gasto del Estado, que es superior a los 24 mil millones de nuevos soles anuales destinados a la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras; se perdería más de 8 mil millones de nuevos soles en actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado; recursos económicos que deberían ser utilizados para la construcción de colegios, hospitales, programas de alimentación, educación, empleo, producción; necesarios para desarrollo del país y erradicar la pobreza.
Presupuesto General de la República 2008: S/. 71 795 190 711 nuevos soles
Gasto: Bienes y Servicios: S/. 11,557’957,165 nuevos soles
Gasto: Ejecución de Obras: S/. 12,684’322,562 nuevos soles
TOTAL: S/. 24,242’279,727 nuevos soles
Fuente: SNIP
Gasto: Bienes y Servicios: S/. 11,557’957,165 nuevos soles
Gasto: Ejecución de Obras: S/. 12,684’322,562 nuevos soles
TOTAL: S/. 24,242’279,727 nuevos soles
Fuente: SNIP
La corrupción es parte sustancial del Estado criollo que debemos acabar
La corrupción es el uso indebido e ilegal de la función pública para obtener beneficios propios o de terceros, en perjuicio de los recursos del Estado.
La corrupción en tanto utilice indebida e ilegalmente los bienes y fondos públicos, genera problemas para el desarrollo sostenido del país, por cuanto permite la pérdida de los recursos en la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras; y a la vez, afecta el sistema democrático y la percepción ciudadana sobre la gestión pública.
a. Manifestaciones de la corrupción
Las formas de la corrupción son muy variadas y complejas:
· Uso indebido e ilegal de recursos y bienes públicos con fines personales o de terceros.
· Utilización del poder relacionado con el cargo público para propiciar u obligar pagos ilegales.
· El incumplimiento de normas y procedimientos legales en los Procesos de Selección, Contratación de Servicios, Adquisición de Bienes y Ejecución de Obras, con la finalidad de obtener ilícitamente beneficios económicos en perjuicio de los recursos públicos.
· Sobrevaluación de precios de los bienes en las Contrataciones Públicas; así como de los servicios.
· Sobrevaluación de precios de los bienes en las Contrataciones Públicas; así como de los servicios.
· La ilegal omisión o retardo de las obligaciones por parte de funcionarios o servidores públicos para favorecer actos de corrupción.
· El nepotismo y el tráfico de influencias.
b. Factores que favorecen la corrupción
- Deficiente Gestión Pública
- Abuso de poder y de autoridad indebida del cargo para obtener beneficios personales o de terceros.
- Carencia y debilidades en los procedimientos de las instituciones públicas, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones y posibiliten la fiscalización de la ciudadanía para el seguimiento de las acciones en todos los niveles de Gobierno.
- El interés del funcionario público debe ser el servicio a la Nación; sin embargo, la ausencia de ética en el ejercicio de su función ha desviado esta finalidad, primando el interés y lucro personal.
- Falta de institucionalización de la Carrera Pública que implique profesionalización, perfeccionamiento y capacitación de los funcionarios y servidores públicos.
- Existe una deficiente fiscalización y control al interior de las instituciones públicas por parte de los organismos encargados, como las Oficinas de Control Institucional (OCI) de cada entidad. Ello se demuestra porque las investigaciones de actos de corrupción provienen de denuncias periodísticas y no de las OCI.
Normas Legales Ineficaces
- Debilidad en la normatividad sobre prevención, tipificación y sanción de los actos de corrupción en la Administrativa Pública.
- La impunidad de los actos de corrupción en la Administración Pública da el mensaje que la vulneración a las normas no se concretiza en una sanción drástica y efectiva.
Inadecuado Sistema de Control
- Una de las debilidades de la Contraloría General de la República y sus dependencias no sólo es la falta de personal capacitado y de mecanismos idóneos que le permitan prevenir los actos de corrupción; sino además, no cuenta con el presupuesto necesario para asumir el pago de todos los funcionarios de las OCI de las instituciones, que en su mayoría son remunerados por las propias entidades a quienes deben fiscalizar y controlar; esta situación no permite ni garantiza independencia en las acciones de control que realizan.
De 2,040 instituciones públicas que tiene el Estado, sólo 811 tienen OCI; y de ellas 190 son cubiertas por el presupuesto de la Contraloría General de la República, lo que provoca una débil e inexistente fiscalización en las instituciones del Estado.
c. Efectos de la corrupción
La corrupción sistemática genera efectos perniciosos, entre ellos podemos mencionar:
- Costos económicos que implican una distorsión de los incentivos y de las recaudaciones fiscales en perjuicio del Tesoro Público.
- El incremento de la desconfianza ciudadana genera el deterioro de la imagen de las instituciones públicas.
- Costos sociales que se reflejan en la disminución de los recursos económicos que el Estado debe invertir en diversos programas sociales como salud, educación, nutrición, empleo, producción, entre otros.
- Retraso en el desarrollo socioeconómico del país, lo que no incentiva a las inversiones en general.
