Los productores agrarios que acatan un paro exigen la derogatoria del Decreto Legislativo 1081 que privatiza el agua y excluye a los regantes ubicados a lo largo y ancho del país. Este objetivo estaba a punto de concretarse al aprobar el Congreso de la República, en primera votación, el proyecto de Ley General de Aguas, pero el Apra evitó que sea exonerado de segunda votación.
Esta situación ha exacerbado los ánimos de los siete millones de agricultores que realizan esta medida de fuerza, lo que ha impulsado a declarar que se mantendrán en huelga permanente hasta que el Parlamento apruebe, en forma definitiva, el proyecto de agua en cuestión.
Los agricultores iniciaron el paro de “brazos caídos” convencidos de que sólo con acciones de protesta colectivas se impedirá que este gobierno privatice los recursos naturales. Precisamente, los pueblos originarios de la Amazonía se rebelaron para exigir la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, que desintegraban la unidad comunal y promovían la venta de tierras de comunidades nativas y campesinas.
Alan García, que ganó las elecciones prometiendo defender los recursos naturales, dio un giro total al asumir el mando presidencial hasta convertirse, en la práctica, en un facilitador de las empresas transnacionales que miran con apetito voraz nuestros recursos mineros, petroleros, gasíferos, forestales y, por supuesto, el agua.
En esta perspectiva, el gobierno de García quiere entregar el recurso hídrico a los propietarios de las minas, aspira privatizar las centrales hidroeléctricas y espera con impaciencia que los operadores privados manejen la infraestructura hidráulica mayor en perjuicio de los hombres del campo.
En caso de que estos operadores privados administren la infraestructura hidráulica mayor, los productores agrarios tendrán que pagar precios elevados por el agua, acorde con las tarifas del mercado, lo que afectará a los agricultores de la costa, sierra y selva.
Esto impedirá que siete millones de productores agrarios desarrollen una agricultura rentable y, por consiguiente, estarán obligados a vender sus tierras a precios irrisorios, por culpa de un gobierno que no considera los recursos naturales como patrimonio de la nación.
