Mientras en Bolivia las autoridades y la sociedad civil advierten sobre potenciales impactos en su territorio por la construcción en la Amazonía brasileña de dos represas, en el Perú ocurre todo lo contrario. El presidente Alan García, fiel a su estilo y compromiso con las trasnacionales, pretende entregar al sector privado los recursos hídricos de la Selva Central.Concretamente, dentro del Convenio Perú-Brasil, el Ejecutivo intenta conceder a la firma Eletrobrás la construcción de 3 centrales hidroeléctricas en Puerto Prado (capital del río Tambo), Boca Tsomabeni y Paquitzapango en el río Ene, con una inversión de 6 mil millones de dólares, y cuadruplicar la producción del Mantaro, para abastecer de energía a Brasil.
Estas obras afectarían la producción agrícola y la escasa alimentación de los habitantes de la zona y a la vez inundaría territorio de los Asháninkas, perjudicando a los agricultores del Valle del Ene.
Para nadie es un secreto que los intereses privados de Brasil buscan la construcción de líneas de transmisión hacia el Estado de Acre, cruzando bosques vírgenes de las regiones de Ucayali y Madre de Dios.
Lucha indígena
Esta situación ha puesto en alerta los pueblos indígenas de la zona que, aseguran, defenderán hasta las últimas consecuencias la ecología y el medio ambiente del corazón de la Selva Central.
Hay quienes aseguran que el mismo consorcio que construye las dos centrales hidroeléctricas en Brasil estaría relacionado con la firma brasileña que realiza gestiones en el Perú para la construcción de tres centrales hidroeléctricas en la Selva Central.
Precisamente, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se propone levantar dos centrales hidroeléctricas, Jirau y San Antonio, en un tramo accidentado del río Madeira en el estado brasileño de Rondonia, con potencias de tres mil 300 y tres mil 150 megavatios, respectivamente.
Cuenca trinacional
El río Madeira es el principal afluente del Amazonas y nace en la cordillera boliviana. Pertenece tanto a Brasil como a Bolivia y Perú formando la cuenca trinacional de Madre de Dios. A diferencia del gobierno boliviano que logró establecer diálogos bipartitos con Brasil, el gobierno peruano no ha presentado ningún reclamo.
Un informe del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo reclamó un acuerdo entre ambos países como «único camino posible para hacer efectivo el proyecto de aprovechamiento del río Madeira» así como «un análisis más profundo» sobre la posibilidad de alteraciones fluviales transfronterizas.
Jorge Molina, autor del reporte, destacó que la cuenca del Madeira «concentra 95 por ciento del flujo anual de los ríos bolivianos y todas las vías navegables» del país.
Impacto ambiental
Frente a esta situación, Bolivia ratificó su preocupación por el impacto ambiental en el área de salud que pueden tener dos represas hidroeléctricas que Brasil construye en el fronterizo río Madeira.
«Hemos pasado de dudas razonables a la constatación» del impacto que tendrán las represas Santo Antonio y Jirau, que serán emplazadas en el río Madeira a unos 100 kilómetros de los límites con Bolivia, dijo el viceministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Pablo Ramos, quien precisó que estas «constataciones» figuran en estudios realizados por las autoridades de Bolivia.
Las autoridades brasileñas han dicho, por ahora, que están dispuestas a escuchar a sus vecinos.
“Si Bolivia presenta formalmente un cuestionamiento consistente, será considerado y podrá modificar la operación de la central de Jirau, más cercana a la frontera, para que ese embalse no afecte a su territorio”, aseguró Valter Muchagata, del estatal Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).
En su capacidad máxima, la represa elevaría el nivel de ríos en la parte boliviana, lo que justificaría el acuerdo bilateral, pero el contrato y las reglas de operación impiden esa posibilidad,
sostuvo.
sostuvo.
La construcción de las dos represas urge, según autoridades energéticas y empresarios, para evitar la repetición del «apagón» de 2001, cuando Brasil tuvo que adoptar medidas de contención del consumo eléctrico.
Construir represas en Brasil, especialmente en la Amazonía, es difícil desde fines de los años 80. En diciembre de 1988, el asesinato del ambientalista Chico Mendes dio visibilidad nacional e internacional a la lucha ecologista y social en la Amazonía.
Multan a empresa antiecológica
El consorcio empresarial que construye una polémica represa en el río Madeira, en la frontera entre Brasil y Bolivia, fue multado por las autoridades brasileñas debido a que las obras causaron la muerte de once toneladas de peces.
La sanción, de 7,7 millones de reales (3,35 millones de dólares), fue establecida por el Ministerio del Medio Ambiente, después de que se comprobó que la muerte de los peces fue responsabilidad del grupo Madeira Energía, que construye la represa hidroeléctrica.
El grupo Madeira Energía está formado por las empresas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Cemig, Furnas y el fondo de Inversiones Amazonía Energía, que integran los bancos Banif y Santander.
El Ministerio del Medio Ambiente determinó que «hubo al menos imprudencia y negligencia» por parte de la empresa, que debió tomar los cuidados necesarios para garantizar el traslado de los peces hacia áreas seguras.
De otro lado, el Gobierno de Brasil fue condenado simbólicamente por el «Tribunal del Agua», una corte ética en el marco del «Foro Mundial del Agua» de Estambul, por malas prácticas relacionadas con los recursos hídricos.
El caso brasileño se llevó ante el tribunal la construcción de dos megapresas de más de 250 kilómetros cuadrados cada una en el río Madeira, uno de los principales afluentes del Amazonas.
