Los conflictos mineros siempre ocupan las primeras páginas de los diarios. Los medios recogen declaraciones de las partes involucradas y ponen especial énfasis en los episodios de violencia que este tipo de casos generan. Sin embargo, no se explican, rigurosamente, cuáles son los orígenes del estallido, es decir, de las verdaderas causas que motivan este tipo de problemas en diferentes puntos del país.
Esto se pudo apreciar, por ejemplo, en el caso de Majaz, donde la mayor cobertura informativa estuvo centrado en si se realizaba o no la consulta ciudadana cuando, en realidad, el tema tenía que ver con un problema legal. Una buena lectura de los conflictos mineros necesita una dosis de rigor, contexto y datos históricos, tal como lo considera el Observatorio de Conflictos que promueve CooperAcción GRUFIDES y Fedepaz.
En un reciente trabajo, estas organizaciones analizaron los casos sucedidos en Cajamarca, Piura, Junín, Cusco, y Apurímac por ser situaciones emblemáticas de este problema.
Niños con plomo en la sangre
El caso más extremo es el de la empresa Doe Run Perú (DRP) en La Oroya (Junín) que es considerada, actualmente, una de las diez ciudades más contaminadas del mundo al extremo que el 99% de niños que habitan en esta localidad tienen plomo en la sangre. Las medidas que se han tomado para mitigar su situación ambiental de emergencia han sido claramente insuficientes.
Las obligaciones e inversiones ambientales de la empresa han sido postergadas de manera reiterada. A pesar de esos incumplimientos, el Ministerio de Energía y Minas le ha otorgado a DRP un lapso para que siga invirtiendo como si hubiera cumplido con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), instrumento que debía servir para reducir las emisiones y así mejorar la calidad del aire en La Oroya, cosa que no ha ocurrido.
En este caso se observa como fuentes de conflicto: impactos en la salud de la población por contaminación de metales pesados; las poblaciones más afectadas son los niños y mujeres gestantes; contaminación de los ríos Yauli y Mantaro; incumplimiento de obligaciones ambientales y poca fiscalización por parte del Estado.
Apuestan por el diálogo
En el Cusco han crecido significativamente las concesiones mineras durante los años recientes. 0 Entre el 2005 y 2007, por ejemplo, en la provincia de Chumbivilcas estas han pasado de ocupar el 45:8% del territorio a 76.4%. Pero el caso que más destaca en esta región es el de la mina Tintaya, ubicada en la provincia de Espinar, que es la tercera productora de cobre en el Perú. Los conflictos entre las comunidades aledañas a la zona de influencia del proyecto y la empresa operadora dieron origen al establecimiento de una mesa de diálogo en el año 2001 que marcó el inicio de una interacción positiva entre las poblaciones adyacentes y la empresa.
Sin embargo, se considera como fuentes de conflicto la demora en la implementación de acuerdos de la mesa de diálogo, las demandas dispersas de diferentes sectores de la población y los resultados de la evaluación ambiental no han cubierto las expectativas de la población.
Temor a posibles desplazamientos
Han pasado algo más que dos años desde que la empresa suiza Xstrata AG se adjudicara el contrato de opción de compra del proyecto cuprífero Las Bambas, ubicado en las provincias de Grau y Cotabambas (Apurímac). Xstrata AG ofertó US$ 121 millones, tres veces más de lo que contemplaba el precio base de la licitación, con lo que superó a otros grupos mineros interesados.
La llegada de esta empresa ha generado mucha expectativa en la población local en lo que respecta a oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, así como preocupación y desconfianza en relación a las comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Por eso se considera como potenciales fuentes de conflicto al posible desplazamiento de las poblaciones frente al desarrollo del proyecto minero, el sobredimensionamiento de las expectativas de la minería en la zona, el cuestionamiento al manejo de fondos del Fideicomiso y la debilidad institucional a nivel local y regional.
Presencia ilegal
El principal conflicto en Piura se ha dado entre la minera Majaz, las poblaciones vecinas al proyecto Río Blanco, que esta empresa maneja, y las comunidades situadas en el territorio que podría convertirse en un distrito minero.
Uno de los temas centrales es el cuestionamiento a la legalidad de la presencia de la empresa en la zona. Esto se sustenta en el hecho de que minera Majaz no cuenta con autorización de las comunidades campesinas propietarias de las tierras en las que se ha puesto en marcha el proyecto Río Blanco. Otro punto neurálgico son los posibles impactos negativos que dicho proyecto generaría en el ambiente y la falta de transparencia de la empresa para informar sobre la real dimensión de las actividades que planea.
Represión y lucha por el agua
El proceso de expansión de las actividades mineras en Cajamarca, desde comienzos de la década de 1990, ha sido causa de diversos tipos de tensiones y conflictos. Diversas prácticas empresariales erráticas incrementan, en los hechos, los problemas que voceros del sector minero afirman haber resuelto. La empresa Vale do Rio Doce ofrece en el momento actual el ejemplo más preocupante. Ha dejado en manos de personal de limitadas capacidades profesionales y controvertidos antecedentes, las delicadas relaciones con las comunidades del Valle de Condebamba, aledaño a su proyecto de exploración en el cerro Mogol.
El rol de las fuerzas del orden, por añadidura, continúa siendo ambiguo. Los efectivos policiales reprimen con una dureza inusual los reclamos cada vez más intentos de las poblaciones contra las actividades de las empresas mineras. En la localidad de Totorachocha, por ejemplo, la respuesta
excesiva de la policía ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos que nada tiene que ver con actos ilegales.
excesiva de la policía ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos que nada tiene que ver con actos ilegales.
De otro lado, también se observa la inestabilidad de los acuerdos entre la minera Yanacocha y las comunidades cuyos canales de agua fueron afectados por la actividad minera de esta empresa, tal como ocurre en con los usuarios del canal de Quishuar.
Los informes regulares de la Defensoría del Pueblo confirman que la mayoría de conflictos sociales en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y dentro de ellos los conflictos mineros representan algo más del 50%. El avance de la minería en varias regiones del país, viene generando un conjunto de impactos: el uso desordenado y no sostenible de recursos naturales, renovables y no renovables, contaminación del aire, suelo y aguas; afectaciones a la salud y alteraciones de diferentes ecosistemas, entre otros. Es necesario que la clase dirigente del país asuma con seriedad y responsabilidad el tratamiento de estos problemas que están relacionados directamente con el desarrollo del país y el bienestar de la población.
