Exposición de Fredy Palomino, dirigente campesino de Pichanaki en el FORO «Nuevos desafíos para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Peruana» realizada en el Congreso de la República, el pasado 30 de enero.El Censo Agropecuario de 1994 revela que hay 1 millón 750 mil unidades productivas, el 95% de las cuales son de pequeña producción. A 14 años de este censo, nuestros cálculo es que estamos alrededor de 2 millones de unidades productivas, 95% de las cuales son de pequeña producción. En la práctica, la tierra está en manos de pequeños propietarios, pero lamentablemente las autoridades del Estado no ven esto como una fortaleza sino como una amenaza. Por esa razón, se ha tratado de aplicar un modelo costeño para sierra y selva con el argumento que los pequeños productores, las comunidades campesinas y nativas no saben utilizar la tierra o no saben aprovechar los recursos de ella.
Los decretos legislativos promulgados por el Gobierno entre ellos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 tienen una orientación muy fuerte de despojo de las tierras, aguas y bosques, que es producto de una fiebre de concesiones para exploraciones petroleras, gasíferas, biocombustibles, por ello nosotros hombres del campo sentimos que estos dispositivos ponen en riesgo la propiedad, el trabajo y nuestras vidas.
Se equivoca el Estado cuando promueve un modelo de desarrollo en el que los pequeños productores aparecen como simples proveedores de servicios de las empresas extractivas, haciéndolos dependientes. No buscan lo prioritario, que es que la pequeña producción campesina sea rentable, a partir de desarrollo de capacidades en nuevos conocimientos. Se les ofrece como salida, la venta forzosa de sus tierras, o recorte de posesión que realiza Cofopri. En otras palabras, se promueve la privatización de tierras de comunidades campesinas y nativas, allanando el camino al retorno de la concentración de tierras productivas en pocas manos. Una forma de despojo abierta y encubierta. Nada más anti agrario y anti campesino.
Es el retorno de las grandes concentraciones de tierras en la selva como hubo en la década del 50 del siglo pasado, como la concesión a la Cía. Petroleum Compani, de 680 mil hectáreas en la selva central y la concesión de Roy Letornou que abarcó desde Pachitea en Huánuco, hasta Campoverde en Ucayali. Estas concesiones se realizaron dentro de una política de explotación forestal y ganadera, donde se incluían las comunidades nativas. Hoy día asistimos al proyecto neoliberal ejecutado por el gobierno del presidente Alan García de concentrar las tierras de la selva en grupos económicos poderosos, como el grupo Romero. Por ello se ha abierto en el país una gran confrontación por defender nuestras tierras.
Qué respuesta espera el Estado de un ataque tan agresivo contra la pequeña propiedad. ¿Los pequeños productores y las comunidades nativas debemos aceptar con tranquilidad nos despojen nuestras tierras? ¿Qué reacciones pueden esperar los invasores? ¿Qué los reciban con los brazos abiertos? ¿Algún pueblo en toda la historia ha recibido así a sus invasores? ¿O se supone, como se expresa en alguno de los nuevos decretos, que las fuerzas del orden van a acudir de manera inmediata y permanente a defender a empresarios mineros, petroleros o agroindustriales en nuestras tierras? ¿Es consciente el gobierno de que se está sembrando la violencia en el Perú?
2. Exclusión a los pequeños agricultores de la agenda nacional y del TLC
Es un deber del Estado, definir una Política Agraria integral y consensuada entre los productores y el Estado, para avanzar en el desarrollo del sector, garantizando seguridad y soberanía alimentaria. En tal sentido, nosotros buscamos que el Ministerio de Agricultura retome su rol de defensa de la producción nacional, sobre todo de los pequeños y medianos productores y de las comunidades campesinas y nativas, apoyando con los fondos de garantía a las organizaciones agrarias para la importación de fertilizantes, a fin de bajar los costos de producción en el campo.
Para la implementación del TLC con los Estados Unidos el gobierno promulgó un paquete de decretos legislativos contrarios a los intereses amazónicos y de los pequeños productores de la selva, es por esta razón que no estamos en la agenda del TLC a pesar de que somos directamente afectados. Aquí aparece con toda claridad que el Estado no tiene una política de compensaciones, de créditos y apoyo técnico que son condiciones fundamentales para el desarrollo de los pequeños productores.
3. Exclusión de los pequeños y medianos productores del aprovechamiento forestal. No hay políticas de uso de tecnología intermedia
La inclusión de los pequeños productores en el acceso del aprovechamiento de los recursos naturales resulta fundamental para generar justicia y paz social. En tal sentido, se debe garantizar el acceso de todo ciudadano a los distintos modos de acceso para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y a participar de sus beneficios, siempre que tengan una relación de armonía con la sostenibilidad del recurso.
Para tal fin, se debe promover la autogestión de los bosques a cargo de los pequeños productores y las poblaciones originarias. Por ejemplo, mediante la celebración de contratos con terceros -siempre que cuenten con un acta de aprobación firmada por los miembros de la comunidad en asamblea general en concordancia con lo establecido con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- se debe preservar las tierras, bosques y el desarrollo.
Otra forma de democratizar el acceso al bosque es autorizar el aprovechamiento para pequeños extractores forestales a fin de que sean manejadas en áreas inferiores a cinco mil hectáreas, y permitírsele el uso de tecnologías intermedias para aprovechamiento de bajo impacto.
La Ley Forestal y Fauna Silvestre se orienta a la gran concentración de tierras, la misma que utilizará alta tecnología en tractores, transporte terrestre y acuática que no puede competir con los Mypes, excluidos en la norma para el aprovechamiento de los recursos forestales, habiendo, todo un espacio de abandono legal que pone en peligro a los pequeños productores de quienes nos vemos amenazados con la reciente modificación del código penal en lugar de castigar a los depredadores de los recursos, se lanzan contra los hermanos pequeños productores.
4. Derechos de pueblos indígenas deben ser constitucionalizados
Preferir a los agentes económicos antes que a los pequeños productores y a los pueblos indígenas para la ocupación del espacio y el aprovechamiento de los recursos es alentar el desarraigo en aquellas regiones que se quieren entregar al capital sin escuchar a la población, implica:
- Dar preferencia a cualquier otro agente económico y a cualquier otro tipo de economía excepto la que desarrollan las mayorías en la amazonia.
- Imposibilitar el despegue de economías basadas en la biodiversidad, el conocimiento y en un uso razonable y regulado de los recursos.
- Imponer el gran mercado exportador como único destino productivo razonable para las tierras indígenas, etc.;
- Descomponer los derechos que los pueblos indígenas conciben de manera integral y, con ello, privarles progresivamente del control de los procesos naturales haciendo disfuncionales sus economías tradicionales y desbaratando su conocimiento ancestral;
- Separar legalmente el suelo, vuelo forestal, subsuelo, flora, fauna, agua, peces, aire y dar a cada elemento territorial la posibilidad de tener un dueño y un régimen legal diferente;
- Promover una serie de maniobras legales dirigidas a la parcelación, la extinción de la propiedad colectiva, la sustitución de las comunidades por modelos organizativos sin tradición, etc.;
Ante la severa agresión que sufren las comunidades nativas de la Amazonia, es imperativa una reforma constitucional, en donde se constitucionalice los derechos de las comunidades nativas que garanticen el desarrollo con justicia y paz, conservando el territorio, lengua, cultura y conocimientos ancestrales.
5. Mestizos e indígenas exigen planes de desarrollo sostenible
El reconocimiento territorial, es un derecho de las comunidades nativas que otorga seguridad jurídica pero que también afianza la conservación de la cultura y de conocimientos tradicionales, que forman parte de nuestro patrimonio científico y tecnológico.
Un elemento que ha olvidado el presidente García en su articulo «El Perro del Hortelano», es el enorme servicio de conservación de la diversidad biológica amazónica en forma de bosques, especies y recursos genéticos que los pueblos originarios brindan mediante los conocimientos sobre los usos y propiedades de al menos 2800 plantas amazónicas para 49 fines distintos, entre los que destacan alimentos, medicina, condimentos, tintes, colorantes y muchos otros.
La presencia de colonos mestizos, enraizados en la Selva Central como es mi caso, es una realidad en la Amazonia que ha tomado forma en la presencia de los pequeños productores dedicados a la producción agropecuaria y a la extracción forestal. Ni los usos y costumbres ancestrales ni las actividades económicas de pequeños agricultores y comunidades nativas deben estar reñidas entre si, ni en conflicto con el ambiente. Es mas, considero que un objetivo común, un objetivo unitario debe ser el desarrollo sostenible de nuestra Amazonia. Acceder a nuestros recursos garantizando que quede para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
En tal virtud, llamo a la unidad de nativos y mestizos a un dialogo fructífero y permanente con el Estado para la consecución de estos fines superiores para el país, promoviendo un gran proyecto de desarrollo sostenible de nuestra Amazonia como es el que se está gestando en este evento y por ello agradezco a los organizadores de este histórico foro, en la persona del congresista Roger Najar Kokally, por la amabilidad de su invitación.»
