La política exterior peruana necesita con urgencia un replanteamiento en su estrategia y objetivos buscando el acercamiento con sus vecinos de Latinoamérica y no generar el aislamiento y la confrontación otorgando asilo y refugio a políticos de derecha acusados de corrupción y genocidio.Nuestra Cancillería siempre gozó de prestigio y reconocimiento en América Latina, pero ahora se encuentra seriamente cuestionada por brindar asilo político y refugio a funcionarios que pretenden evadir procesos judiciales en sus respectivos países.
Tal es el caso de los ex ministros bolivianos Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Javier Torres Goitia (Salud) y Mirtha Quevedo (Participación Popular) también jefa del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario. Todos estos ex funcionarios están inculpados de genocidio, por la matanza de al menos 60 personas baleadas en una rebelión popular ocurrida en octubre de 2003.
Alan García, quien en su calidad de Jefe de Estado, dirige la política exterior del país, no tomó en cuenta para nada el pedido de su homólogo boliviano, Evo Morales, a fin de no cometer el «grave delito» de asilar a tres ex ministros acusados por delitos de lesa humanidad, un hecho que califica de «muy grave» y que amenaza con causar fricciones diplomáticas.
El presidente García «tiene la obligación de expulsar» a quienes solicitan cobijo porque «no puede encubrir delincuentes», subrayó Evo Morales. El mandatario recordó que los otros implicados fugaron antes a Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush, comenzando por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, ha recibido críticas de diferentes sectores al extremo que en las calles, plazas y mercados de Lima se comenta que “el Perú se ha convertido en el basurero de políticos derechistas corruptos y asesinos”.
De otro lado, el venezolano Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, líder del partido Un Nuevo Tiempo, acusado en su país de enriquecimiento ilícito mientras era alcalde de Zulía, recibió, también asilo político en Perú.
Tanto en Bolivia como en Venezuela consideran que de no presentarse ante los tribunales competentes, estos ex funcionarios serían declarados prófugos de la justicia y en consecuencia se activarán los mecanismos para su captura internacional.
Mientras tanto, miembros de organizaciones sociales de Bolivia amenazan con expulsar a los peruanos residentes en El Alto, si es que el gobierno peruano no se rectificaba y daba marcha atrás al asilo político concedidos a los tres ex ministros bolivianos.
