Señor Alan García Pérez
Presidente de la República del Perú
Desde el 12 de marzo, cuando se publicó en el diario «El Comercio» el artículo titulado «El gobierno salvará a Doe Run de la insolvencia», hemos seguido las informaciones respecto a la situación de dicha empresa.
También conocemos la intención de salvar económicamente a Doe Run Perú, por el bienestar de los tres mil trabajadores que laboran en sus instalaciones, usted ha señalado el 24 de marzo que «sería irresponsable dejar caer a Doe Run», y definitivamente, entendemos que como Presidente del Perú, le corresponde velar por el bienestar integral de todos los peruanos y no solo el bienestar económico privado.
Por ello, tenga en cuenta que la situación que se vive en la ciudad de La Oroya, que por segundo año consecutivo fue declarada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith, requiere una visión integral que no se limite al aspecto puramente económico.
En La Oroya se ha evidenciado un alto grado de contaminación del agua y del suelo, que afecta la producción agrícola y a las familias del valle del Mantaro; pero principalmente se sufre los efectos de la contaminación del aire por presencia de metales tóxicos y dióxido de azufre.
Esta situación afecta gravemente la salud de todos los pobladores, especialmente de los niños, madres gestantes, madres lactantes y adultos mayores, quienes presentan dificultad para respirar, y están expuestos a elementos que causan dolores de cabeza, alteraciones en el sistemanervioso, problemas en órganos blandos como hígado, pulmón, corazón y en casos extremos cáncer y muerte.
Somos testigos del incumplimiento de los compromisos ambientales, laborales y sociales por parte de la empresa DRP, por mencionar un ejemplo, el 30 de septiembre pasado se inauguró la Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito de Plomo; pero la calidad del aire que respira la población no ha mejorado. Hechos como estos siguen vulnerando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú y afectando la vida y el desarrollo de los habitantes de La Oroya y de la Región Junín.
En el aspecto laboral, tenemos conocimiento que desde febrero del 2008 se registraron despidos de personal que prestaba servicios a la empresa DRP, algunos de ellos a través de empresas contratistas que vulneraron los derechos laborales de los trabajadores. Según palabras de César Gutiérrez Revilla, Alcalde Provincial de Yauli – La Oroya desde finales del 2008 habrían sido despedidos mil 100 trabajadores (Revista Caretas, 26 de marzo 2009).
Actualmente la empresa manifiesta que necesita dinero para continuar con sus operaciones y existe una preocupación de los trabajadores por mantener sus puestos laborales (trabajadores enplanilla y contratados). Consideramos que este es un momento histórico de decisiones que nos lleven a lograr una solución mayor donde se respete el derecho de todos y todas.
Estas soluciones deben asegurar el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA en el plazo establecido, sin más ampliaciones, la disminución de la contaminación, el cumplimiento de normas ambientales, la atención en salud para toda la población afectada y un trabajo digno y seguro para el personal de contrata y de planilla.
Si bien la minería en este momento pasa por una crisis económica, también es necesario recordar que no siempre ha sido así. Según informaciones de la propia empresa Doe Run, difundida el sábado 28 de marzo en el diario La República, del 2005 al 2008 las utilidades netas de DRP aumentaron, siendo en total 508 millones de dólares.
Si bien la minería en este momento pasa por una crisis económica, también es necesario recordar que no siempre ha sido así. Según informaciones de la propia empresa Doe Run, difundida el sábado 28 de marzo en el diario La República, del 2005 al 2008 las utilidades netas de DRP aumentaron, siendo en total 508 millones de dólares.
Finalmente, es necesario recordar que el capital más valioso de una nación es su población, por ello exigimos que las decisiones que usted tome, proteja y asegure el desarrollo y bienestar de todos los pobladores de La Oroya y de la región Junín, este es el fin supremo del Estado, bajo ninguna circunstancia se puede afectar la vida, la salud y el trabajo, especialmente de los más pobres. Atentamente
