El Gobierno de Ecuador, ha expulsado a dos diplomáticos de EEUU por realizar actividades ilegales pretendiendo nombrar autoridadaes militares de Ecuador, condicionar proyectos sociales, revisar la politica interna e interferir en la seguridad interna.Armando Astorga
El 7 de febrero ultimo, el canciller Rafael Falconí procedió a la expulsión de territorio ecuatoriano del agregado de la embajada norteamericana, Armando Astorga, quien ha ejercido el cargo de agregado estadounidense para asuntos migratorios, de seguridad y aduana.
Mediante una carta del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando, de la Dirección Nacional de Inteligencia de la policía nacional Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.
La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio a consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” este tipo de lógicas habían cambiado.
De esta manera, el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, «la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución».
La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio a consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” este tipo de lógicas habían cambiado.
De esta manera, el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, «la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución».
En este sentido, Rafael Correa indicó: “Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”. “Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.
De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales. En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.
Mark Sullivan
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, el 18 de febrero notificó la expulsión del adjunto civil de la embajada de los Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, por actuaciones ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano. Este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales.
“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí.
Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de inteligencia, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.
Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.
Rafael Correa anunció a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” este tipo de lógicas habían cambiado.
En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde DEA.
Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.
La politica antinarcóticos del imperio genera voces discrepantes en algunos países de Europa y en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana e injerencia interna.
En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año.
