Por: Róger Rumrrill
La virulenta oposición que ha provocado en el gobierno la aprobación del dictamen del proyecto de ley 2514 que propone autorizar la transformación y comercialización de la hoja de coca en harina para consumo humano es una tempestad en un vaso de agua y la expresión del fariseísmo gubernamental con relación al problema del narcotráfico.
Tengo la impresión de que toda la grita de los voceros del gobierno y su prensa adicta es una cortina de humo para ocultar el descontrol de los insumos y el lavado o blanqueado de activos que son, qué duda cabe, las dos causas primordiales de la buena salud del narcotráfico en el Perú.
La otra causa de la tormenta en un vaso de agua es el artículo 5 del proyecto de ley 2514 que dice a la letra: «Deróganse todas las normas que se oponen a la presente ley». La primera norma en ser derogada sería el Decreto Ley 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de 1978 que es la madre de todas las leyes que sostienen el andamiaje de la política antidrogas del Perú que, a la luz de los resultados, es un verdadero fracaso.
Leamos algunas de las opiniones vertidas por los voceros del gobierno del Dr. Alan García. Rómulo Pizarro, el presidente de DEVIDA, ha dicho que el citado proyecto de ley es «una zancadilla al exitoso programa de desarrollo alternativo» y ponderó el éxito de este programa en particular en la Región San Martín.
Por su parte, Alejandro Vassilaqui, el jefe del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) ha afirmado que el proyecto de marras no sólo viola convenios sino que abre las puertas para un incremento de la cocaína porque presume que los fabricantes de harina de hoja de coca terminarán comercializando su producción en el mercado del narcotráfico.
Ha sido, sin embargo, el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, quién lanzó una premonición apocalíptica: «el Perú con esta ley puede convertirse en un narco estado». A su turno, Jaime Antezana, un especialista que coincide casi a pie juntillas con los puntos de vista del gobierno en este caso, sostuvo que el proyecto de ley permitirá que se amplíen las áreas cocaleras en beneficio del narcotráfico y que la norma desacredita al país en relación a los convenios internacionales sobre drogas de los cuales el Perú es signatario y, por lo tanto, está obligado a cumplirlos.
El miércoles 1 de abril, respondiendo una invitación de la Biblioteca Nacional del Perú, el suscrito debatió con Jaime Antezana y allí expuse las razones de por qué sostengo que el grito en el cielo es una tempestad en un vaso de agua, una expresión de fariseísmo y una cortina de humo para ocultar la corrupción y la incapacidad del gobierno de Alan García para combatir con alguna eficacia el narcotráfico en el Perú.
El descontrol de los insumos
Sin insumos o precursores es imposible producir pasta básica y cocaína. De acuerdo a DEVIDA, en el Perú el narcotráfico emplea 15 mil toneladas métricas de insumos anualmente para producir aproximadamente 300 toneladas métricas de cocaína. Parte de estos insumos son 15 millones de litros de kerosene; 8 millones de litros de ácido sulfúrico; 4 mil toneladas de cal viva, 1,6 millón de litros de acetona; 4 mil toneladas métricas de papel higiénico, entre otros. En total, son 90 insumos que se usan y sólo 19 están sujetos a control.
Lo increíble es que, según el mismo presidente de DEVIDA, de este inmenso volumen sólo se incauta y controla entre el 3 al 5 por ciento. Aunque el propio Jaime Antezana declaró durante el debate que se estima que el volumen de insumos usados por el narcotráfico llegan a 34 mil toneladas y se decomisaron el año 2008 sólo 400 toneladas.
La corrupción del aparato del Estado hace posible que esta montaña de insumos llegue a las pozas de maceración y a los laboratorios de refinación. La pregunta que surge es la siguiente: frente a estas 15 o 34 mil toneladas de insumos que circulan prácticamente sin control, ¿qué significación tiene la harina de hoja de coca de consumo mínimo y cuya producción, de acuerdo al proyecto ley 2514, estaría bajo control? Los lectores tienen la respuesta.
El Perú, una lavandería de dinero sucio
El Perú es una gigantesca lavandería de dinero sucio que, igual que los insumos, escapa de control por la corrupción. De acuerdo a la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de Reserva, el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros tráficos suma en el Perú 2434 millones de dólares. De este total, se estima que 1000 millones de dólares corresponden al narcotráfico.
En una conferencia de prensa realizada el 15 de octubre del 2007, el presidente Alan García acompañado del entonces Ministro del Interior, Luis Alva Castro, denunció que una red de empresas «off shore» de Fernando Zevallos había lavado o blanqueado 461 millones de dólares. En la misma conferencia García informó que se investigaba 10 casos más parecidos al de Zevallos. A la fecha, la opinión pública no sabe qué ha pasado con el resultado de la investigación de esas 10 empresas.
¿Dónde está el cuco?
Tengo la impresión de que toda la grita de los voceros del gobierno y su prensa adicta es una cortina de humo para ocultar el descontrol de los insumos y el lavado o blanqueado de activos que son, qué duda cabe, las dos causas primordiales de la buena salud del narcotráfico en el Perú.
La otra causa de la tormenta en un vaso de agua es el artículo 5 del proyecto de ley 2514 que dice a la letra: «Deróganse todas las normas que se oponen a la presente ley». La primera norma en ser derogada sería el Decreto Ley 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de 1978 que es la madre de todas las leyes que sostienen el andamiaje de la política antidrogas del Perú que, a la luz de los resultados, es un verdadero fracaso.
El Decreto Ley 22095 es, además, una norma inspirada en la Convención Única de Viena de 1961 que penaliza la hoja de coca como estupefaciente y el picchado como toxicomanía y que forma parte de todo el corpus jurídico que justifica la llamada «guerra mundial contra las drogas» que es una guerra perdida desde que estalló hace tres décadas.
Queda claro entonces que la ofensiva desatada contra el proyecto de ley 2514 es el intento de tapar la corrupción que infesta el aparato del Estado y de ocultar la estrepitosa derrota de la guerra contra las drogas que, pese a su fracaso, sigue en curso porque sirve para otros fines, particularmente geopolíticos.
