Desde su asilo en Nicaragua, Alberto Pizango volvió a sacudir la conciencia del presidente García al reiterar que la Amazonía está en peligro ante el avance de grandes empresas que cuentan con el apoyo del Gobierno. El líder indígena anunció, incluso, que está dispuesto a volver al país si el Poder Judicial retira la orden de detención en su contra.En plena celebración de Fiestas Patrias, Pizango hizo un llamado a los pueblos nativos de la Amazonía peruana a prepararse para enfrentar una posible expropiación de tierras y bosques forestales que impulsa el Ejecutivo.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dijo que las autoridades peruanas, a las que calificó de «criollos» (mestizos) son «representantes de los intereses de las grandes empresas que depredan nuestro monte y que pretenden aniquilarnos como culturas y pueblos».
Gobernante criollo
Alberto Pizango se dirigió al «gobernante criollo del país», en alusión al presidente Alan García, para decirle que la ley de recursos hídricos y todos los decretos que proponga «han dejado de ser normas legales para convivir armoniosamente entre peruanos».
«Él es el responsable de haber roto el pacto social fundacional de la República; está declarándonos la guerra abierta, porque si legaliza la expropiación de nuestros territorios es como si nos estuviera matando a todos los indígenas de la Amazonía», afirmó.
Pizango hizo un recuento del trabajo hecho por los líderes que lo antecedieron, desde la independencia del país hace 188 años, para transmitir su visión en defensa de los pueblos originarios y acusar al actual Gobierno de ser «siervos incondicionales de las grandes empresas y que pretenden enajenar nuestros territorios, como lo han venido haciendo desde la primera colonización».
Estas declaraciones del líder indígena incomodaron al Gobierno y el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, pidió a Nicaragua que asegure el cumplimiento de las normas internacionales que regulan el asilo político.
Para nadie es un secreto que el gobierno del presidente García jamás imaginó que los habitantes de las comunidades nativas de la Amazonía defenderían sus derechos ancestrales hasta con sus propias vidas.
Muerte en Bagua
La muerte de 24 policías y 10 civiles entre nativos y mestizos en Bagua se debió a la intransigencia y falta de voluntad del Gobierno para solucionar los reclamos de las organizaciones indígenas respecto a la derogatoria de los decretos antiamazónicos aprobados para adecuar la legislación nacional a la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Alberto Pizango en su condición de presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se convirtió en una voz incómoda para el Gobierno, que se empecina en subestimar los reclamos de los pueblos amazónicos.
Luego del trágico desenlace de Bagua, el pasado 7 de julio, el 37 Juzgado Penal de Lima emitió una orden de detención en contra de Pizango por su presunta autoría de los delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado, durante las protestas indígenas de junio pasado y que causaron 34 muertos. Pizango decidió asilarse en Nicaragua porque no tenía las garantías de un debido proceso en el Perú.
Prisionero en Managua
Sin embargo, asegura sentirse “un prisionero” en Managua y que estaba “incomunicado”. Argumentó que ahora cada vez que habla “a favor de los pueblos amazónicos”, se le acusa de dar declaraciones políticas y de violar las reglas del asilo.
Algunos analistas políticas consideración que al Gobierno le conviene más tener a Pizango fuera del país “amordazado” con las normas que regulan el derecho de asilo político, pues en caso de que su retorno se concretara a la brevedad, será un procesado que concitará la atención de la prensa nacional y mundial, así como la preocupación de organismos como Amnistía Internacional y Amazon Wach.
Pero el Gobierno en vez enmendar sus errores y buscar el diálogo con las comunidades nativas sigue atizando el fuego con posiciones intransigentes. En una reciente reunión en Suiza, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, satanizó a las poblaciones indígenas y acusó a los nativos y mestizos de ser los responsables de la muerte de una treintena de personas en la Curva del Diablo, en Bagua.
En esta misma línea, el Gobierno intenta, desesperadamente, quebrantar a las comunidades, federaciones y organizaciones sociales e indígenas amazónicas que se oponen a este modelo económico. A pesar de este escenario, sigue triunfante la dignidad y la decencia. Sigue vigorosa la conciencia y el accionar de quienes se esmeran en defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a un Estado corrompido por las transnacionales.
