ALAN Y LULA TRANSNACIONALIZAN LA AMAZONÍA

Por: Róger Rumrrill García
El encuentro de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, del Brasil, y Alan García Pérez, del Perú, el 28 de abril del 2009 en la ciudad de Río Branco, la capital del estado brasileño del Acre, actualiza el gran debate sobre la transnacionalización del estratégico espacio amazónico en el que ambos gobernantes están empeñados.

La reunión de Río Branco ha servido para asegurar la continuidad del modelo transnacional. Por ello, los acuerdos suscritos priorizan la energía, las inversiones para la producción de commodities, cemento para los megaproyectos y la construcción de hidrovías. Poco o ningún interés en inversión en el agro, en los pueblos indígenas, en salud y educación y casi ninguna referencia a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Con relación al escenario post crisis, los más famosos gurúes de la economía y la geopolítica mundiales afirman que al final del colapso sistémico del capitalismo los recursos fundamentales de la economía global serán el agua, la energía, los alimentos y la biodiversidad. A la caza de estas riquezas, el capital transnacional está desplegando sus tentáculos por todo el planeta para asegurar y controlar la oferta de agua, comprar tierras para la producción de biocombustibles y alimentos baratos y bosques como sumideros de carbono, uno de los grandes negocios del siglo XXI.

Elmar Alvater, economista de la Universidad Libre de Berlín y autor de “Las limitaciones de la globalización. Economía, ecología y política de la globalización” (Siglo XXI Editores, México 2002) escribió el 2 de octubre del año pasado: “Capital disponible, de todos modos, sigue habiéndolo, a pesar de la crisis. Se halla al acecho de aquellas inversiones que, hoy y en lo venidero, podrían reportar réditos. ¿Cuáles podrían ser? Las materias primas, señaladamente petróleo y gas, así como agrocombustibles procedentes de la biomasa son la primera opción. Sus precios deberían subir, porque escasean y la demanda es alta. Los certificados de emisión para dióxido de carbono, conforme al Protocolo de Kyoto, prometen buenos réditos”.

La Dra. Annelies Zoomers, experta en geografía humana de la Universidad de Utrecht, Holanda, entrevistada en la edición 106 de abril del 2009 por “La revista AGRARIA” del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), ha declarado lo siguiente: “Desde hace relativamente poco tiempo se observa una tendencia, a nivel global, por lo cual ciudadanos o instituciones extranjeras se convierten en propietarios de grandes extensiones de tierra en países lejanos. Esto está resultando en un proceso global de acaparamiento de tierras. La familia Benetton, por ejemplo, es dueña de un millón de hectáreas en la Patagonia argentina”.

Luego agrega: "Se trata de una situación bastante cínica: mientras millones de personas migran de África, Asia y América Latina hacia Estados Unidos, Europa y los Estados del Golfo, el dinero viaja en la dirección opuesta, en búsqueda de tierras. Es un hecho que la globalización está siendo acompañada por cambios a gran escala en la propiedad y uso de la tierra”.

Para la Dra. Zoomers, la “fiebre” mundial de compra de tierras por parte de los capitales, nacionales y extranjeros, tiene como objetivo el gran negocio de hoy y del futuro: la producción de biocombustibles y alimentos a bajo precio, los complejos ecoturísticos, la reservas naturales (cita los casos de Doug Tompkins, dueño de la compañía “Sprit” que ha comprado 300,000 hectáreas en Chile y las compras en el distrito de Kcosñipata en el Manu, en el Perú, donde ACCA y otras ONGs se están haciendo de grandes propiedades), la adquisición de tierras para la creación de zonas económicas especiales como complejos industriales y ciudades para jubilados y sobre todo bosques y territorios para servicios ambientales para mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.


Brasil y Perú: “Caballos de Troya” del capital transnacional en la Amazonía

En este escenario en que se pone de moda una suerte de latifundismo global, los gobierno de Lula en el Brasil y de García en el Perú se han convertido en verdaderos “Caballos de Troya” del capital transnacional porque cada uno de ellos, en sus respectivos territorios nacionales, han puesto en venta su Amazonía para la instalación de inmensos monocultivos de caña de azúcar, soya, ganadería, megaproyectos hidroeléctricos y mineros que ya están provocando severos daños ambientales en los frágiles ecosistemas tropicales, vitales para el equilibrio ecológico planetario y imprescindibles procesos de adaptación y mitigación al cambio climático.

En el Brasil, el propio Estado actúa como garante de esta transnacionalización. “No es que el Estado se retire y deja el espacio público para ser ocupado por las grandes corporaciones; es el Estado que garantiza las condiciones y respalda la acción de las grandes corporaciones”, escribe Silvio Caccia Bava, en la edición brasileña de “Le Monde Diplomatique” de febrero de este año.

La diferencia con el Perú está en que en el Brasil, el Estado que actúa como garante del capital transnacional, negocia con un Estado fuerte a través de poderosas empresas que compiten con las corporaciones extranjeras. Por el contrario, la transnacionalización de la Amazonía Peruana que ejecuta el presidente Alan García Pérez lo hace desde un Estado débil y totalmente subordinado al gran capital.

De acuerdo al analista citado, el Brasil ocupa el sétimo lugar entre las economías del mundo. El Producto Bruto Interno (PIB) del gigante brasileño corresponde al 55 por ciento del PIB de toda América del Sur. Es 5 veces mayor que la de Argentina, 6 veces de Venezuela, 25 del Perú, 30 de Ecuador, 57 de Uruguay, 101 de Bolivia y 110 mayor que la de Paraguay.

Por su gigantismo territorial (8 millones, 514,877 mil kilómetros cuadrados) y poderío económico el Brasil ha asumido históricamente pujos imperiales. Al respecto, Silvio Caccia Bava escribe: “En varias oportunidades, recientemente, el Brasil ha sido acusado por sus vecinos de imperialista, esto es, por promover una política de expansión y de dominio territorial, cultural y económico en América del Sur”. Los casos más visibles de penetración económica brasileña, incluso bajo presión militar, se dan en Paraguay y en Bolivia, en este último país principalmente en el Departamento de Santa Cruz donde vive el 50 por ciento de la migración brasileña en el país altiplánico, la mayoría de ellos grandes productores de soya y políticamente muy cercanos a los separatistas liderados por Branco Marinkovic y Rubén Costas.

En un ensayo titulado “El Pacto Amazónico o el Caballo de Troya del Brasil” (Centro de Investigación y Promoción Amazónica, Documento 2, Lima), escribí lo siguiente: “Esta temprana vocación expansiva aparece incluso en la época colonial, luego de la conquista de Portugal por Felipe II en 1580 y cuya consecuencia política en el Nuevo Mundo fue la desaparición de los límites coloniales al producirse la unificación de los reinos de España y Portugal. De este período datan las eficaces y devastadoras expediciones de bandeirantes que infiltraron y se posesionaron de territorios pertenecientes a las colonias españolas. Primero Portugal, libre ya de la tutela del imperio español, y luego del Brasil, independiente de la corona lusitana, merced a una hábil y persuasiva diplomacia de hechos consumados -o de aplicación de la doctrina del uti possidetis- lograron afianzar los avances territoriales y luego incorporar definitivamente a la soberanía brasileña más de un millón de kilómetros cuadrados a favor del Brasil”.

Buena parte de este poderío económico reciente proviene de la explotación de la soya y la caña de azúcar para la producción de etanol y de otras riquezas amazónicas en manos de empresas multinacionales. Entre los inversionistas de etanol figuran Cargill, el mastodonte del negocio agrolimentario, el gigante mundial de las semillas transgénicas Monsanto, el multimillonario George Soros, el banco casi quebrado por la crisis financiera Goldman Sachs, James Wolfenson, ex presidente del Banco Mundial y el banco francés Societé Génerale, entre otros dinosaurios de la economía global.

De acuerdo al especialista francés Christophe Ventura, coautor del estudio “Ni finir avec l”euroliberalisme”, Mille y une nuits, París, 2008, Lula ha sellado una férrea alianza agroalimentaria con un puñado de multinacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, Nestlé, Basf, Bayer que hace hoy del Brasil un inmenso laboratorio de producción de monocultivos industriales orientados a promover los cultivos transgénicos y los agrocombustibles.

Sólo en la última década, la participación de Brasil en las exportaciones mundiales de azúcar pasó de 7 a 62 por ciento. La producción del agrocombustible etanol creció estratosféricamente a 22,300 millones de litros y la producción de caña ocupa una extensión de 7.8 millones de hectáreas, de acuerdo al periodista francés Philippe Revelli, enviado especial de “Le Monde” (Edición peruana de abril del 2009).

Pero todo este extraordinario crecimiento de producción de commodities que ha convertido al Brasil en una potencia mundial exportadora se está logrando con enormes costos ambientales y dolorosos saldos sociales. Según el periodista citado un cortador gana menos de un euro por tonelada de caña. “En la década del 80, un obrero cortaba cerca de cuatro toneladas de caña al día. Hoy, el rendimiento promedio es de más de 10 toneladas, y algunos trabajadores alcanzan récords de 20 a 25 toneladas”. Esfuerzo que equivale a correr una maratón cada día y que el cuerpo humano no resiste.

Para Christophe Ventura, el experto francés mencionado, “el gobierno de Lula convirtió a Brasil en una potencia emergente en materia de comercio internacional. Pero al mismo tiempo, y a pesar de los progresos realizados, el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales siguen siendo problemas estructurales lacerantes: las decisiones de gobierno acarrearon una reducción continua de la superficie cultivable destinada a la producción alimentaria, causando, en primer lugar, el alza constante de los precios de los artículos de primera necesidad como el poroto”.

En Brasil existen actualmente 4 millones de campesinos sin tierras, la mayoría de ellos integrados al Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST) que es una de las organizaciones más críticas del gobierno de Lula, a quien acusan de haber incumplido su promesa electoral de hacer una reforma agraria en un país donde la tierra está concentrada en pocas manos. Las cifras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) no dejan lugar a dudas: de 420 millones de hectáreas de superficie rural registrada en el año 2003, más del 44 por ciento pertenecen al 1.5 por ciento de propietarios (sólo 30 mil grandes fazendeiros y barones de la tierra) y 57 por ciento al 3.5 por ciento de propietarios.


La destrucción de la Amazonía

Aunque la mayor expansión de las plantaciones de caña de azúcar para etanol están en los estados de San Pablo, Mato Grosso del Sur, Goias, Minas Gerais, Paraná, la caña de azúcar, la soya, la ganadería extensiva, los megaproyectos hidroeléctricos, la masiva extracción maderera y la construcción de carreteras causan estragos en la Amazonía.

Dos megaproyectos del gobierno de Lula son la construcción de las centrales hidroeléctricas, Jirau y San Antonio, en el río Madeira, en el estado de Rondonia, con una potencia total de 6,450 megavatios. El Madeira, uno de los grandes afluentes del Amazonas que nace en Bolivia, es una cuenca compartida por Brasil, Bolivia y el Perú, por el río Madre de Dios. Los dos megaproyectos sin duda originarán alteraciones ecológicas y fluviales transfronterizas. Bolivia ha pedido una urgente negociación con el gobierno de Lula y el grupo empresarial constructor conformado por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Cemig, Furnas y el Fondo de Inversiones Amazonía Energía, integrado por los bancos Banif y Santander. Pero el Perú, como siempre, no ha mostrado ninguna iniciativa en defensa de nuestros intereses nacionales.

La Amazonía brasileña abarca 9 estados con una superficie de 5.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 59.8 del total del territorio nacional. En este espacio vive el 12.4 de la población brasileña, es decir, 21 millones de habitantes, indígenas, caboclos y colonos presionados y con frecuencia despojados de sus tierras por las empresas multinacionales.

Se estima que en el año 1997 la producción de madera en la toda la Amazonía brasileña fue de 28 millones de metros cúbicos. El 86 por ciento de esa madera se utilizó internamente. Sólo el estado de San Pablo consume el 20 de ese 86 por ciento. El costo ambiental de este "modelo” que el presidente Alan García Pérez copia con su política del “perro del hortelano", es devastador.

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), entre agosto del 2007 y julio del 2008, se destruyeron 11 mil 968 mil kilómetros de bosques en la Amazonía brasileña, más del 3.8 por ciento que el año anterior.


La política del “perro del hortelano” en el Perú

El 28 de octubre del 2007 el presidente Alan García Pérez publicó en el diario “El Comercio” de Lima un extenso artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”, con un sobretítulo que rezaba: “Poner en valor los recursos no utilizados”.

En uno de los párrafos el presidente García afirma: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción”.

Siguiendo con la idea de que en el Perú sobran recursos que no se aprovechan, García afirma: “Así pues hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: Sino lo hago yo que no lo haga nadie”.

Agrega más adelante en la misma crónica que el primer recurso de la Amazonía son sus 63 millones de hectáreas y lluvia abundante, pero sin propiedad esa riqueza es inútil. “Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha después”. Luego remata en uno los párrafos del artículo: “Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento”.

Todo lo que García piensa y decide sin consultar a nadie sobre la Amazonía revela y traduce y ejecuta esta ideología trasnochada de una Amazonía semivacía y lista para ser asaltada por el gran capital transnacional. El centenar de decretos legislativos emitidos y leyes promulgadas desde principios del 2009 por el Ejecutivo para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no hacen sino abrir las puertas de la privatización de las tierras amazónicas al capital extranjero, ignorando, como en el caso de Lula en Brasil, los intereses de las poblaciones amazónicas, en particular de los dueños ancestrales de esas tierras, los indígenas.

Una de estas leyes es la número 29317 de Forestal y Fauna que, según Luis Gomero Osorio, experto en el tema, favorece la siembra de monocultivos para agrobiocombustibles. La ley establece que se puede efectuar el cambio de uso de la tierra con fines de “interés nacional”. Para Sandro Chávez, del Foro Ecológico Peruano, este concepto es “una trampa puesta por los lobbys que quieren el bosque virgen para cultivos de biocombustibles”.

El otro ejemplo de que todo el paquete legal para la puesta en ejecución del TLC apunta a la transnacionalización de la Amazonía es la Ley 29316 que es ambigua y deja la llave en las manos de los biopiratas del siglo XXI y de los productores de transgénicos como Monsanto. Con relación a esta norma la especialista Isabel La Peña señala “que la principal observación se encuentra en el artículo 8 de la ley 29316, porque es ambiguo y deja abierta una ventana a la posibilidad de patentar genes aislados de nuestra biodiversidad, entre ellos el sacha inchi que contiene Omega 3”.

Por su parte, la Dra. Antonieta Gutiérrez, bióloga de reconocido prestigio nacional e internacional, dice que con esta ley que ha eliminado el llamado certificado de origen de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que aseguraba los intereses del Estado peruano y cautelaba los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, “estamos condenados a ser consumidores y no productores”.

A la fecha, como resultado de la política del “perro del hortelano” de Alan García Pérez más de 500 mil kilómetros cuadrados de la Amazonía Peruana están lotizados a las multinacionales petroleras y gasíferas. Una de estas empresas es precisamente la brasileña Petrobras. La otra es la Hunt Oil, que tiene el lote 76 y uno de cuyos propietarios es Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa del gobierno de George W. Bush y el más duro de los halcones que jugó un rol protagónico en la invasión de Irak, el 20 de marzo del 2003.

El lote 76 tiene una superficie de 1 millón 500 mil hectáreas, abarca totalmente a la reserva indígena Amarakaire y se extiende por las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y Tambopata-Candamo. La Hunt Oil instalará 18 líneas sísmicas, 166 helipuertos, 1948 zonas de descarga, 166 campamentos volantes, un campamento logístico en Salvación y una sub base en Quincemil. Lo que da apenas una pálida idea del desastre que provocará en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.

En la reunión Lula-García en Río Branco se habrían ratificado los acuerdos de inversión de la empresa brasileña Electrobras para la construcción de 3 centrales hidroeléctricas en Puerto Prado (río Tambo), Boca Tsomabeni y Paquitzapango en el río Ene con una inversión de 6 mil millones de dólares y destinada al abastecimiento energético del Brasil. Este megaproyecto ubicado en la Selva Central del país está generando una dura resistencia de los pueblos indígenas Asháninka que, con razón, advierten de severos daños e impactos ambientales por las previsibles inundaciones que alterarán drásticamente sus actividades económicas y su forma de vida.

Otro megaproyecto orientado a cubrir el déficit energético del Brasil es la Central Hidroeléctrica de Inambari, que integra un paquete de 7 grandes proyectos. Inambari debe producir 1,450 megavatios. Esta obra forma parte del megaproyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que, de acuerdo al analista uruguayo Raúl Zivechi, “Se trata de una integración doblemente subordinada a Brasil por parte de los países sudamericanos, y del concepto de la región al mercado y al empresariado mundiales”.

La transnacionalización de la Amazonía, en el caso del Perú, ha puesto en pie de resistencia a los pueblos indígenas. Si desde la fundación del capitalismo eran los obreros sindicalizados que luchaban por humanizar el sistema hoy en colapso, en la coyuntura actual son los pueblos indígenas los que luchan y resisten para que ese sistema no termine por extinguir la naturaleza y
toda forma de reproducción de la vida en el planeta.

Es decir, la resistencia indígena por la naturaleza y la vida es una batalla del fin del mundo.